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Giacomo Belisario - Luis Villavicencio Miranda - Alejandra Zúñiga Fajuri

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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El problema se genera a partir de la definición extremadamente amplia de neurotecnologías en la propuesta de ley, amenazando con proscribir terapias neurológicas fundamentales y extendidas, tales como la terapia electroconvul-siva y la estimulación cerebral profunda. Estas terapias a menudo representan la única opción para pacientes con enfermedades psiquiátricas y neurológicas severas, que requieren de una modificación agresiva de la actividad cerebral. Sin embargo, podrían ser consideradas neurotecnologías bajo la definición recogida en el texto. Además, técnicas como el neuromonitoreo, cruciales en la anestesia y la neurocirugía, también podrían verse afectadas, poniendo en riesgo, otra vez, la seguridad y bienestar de los pacientes.

Incluso es posible representarse que la exigencia de consentimiento ex-plícito previo a cualquier intervención neurotecnológica podría entorpecer la atención médica. En situaciones como un accidente cerebrovascular o un trauma grave, obtener el consentimiento es imposible. En otro ámbito relacionado con las prestaciones de salud, se debe considerar que terapias como la neuromodulación espinal, que alivian el dolor crónico, quedarían comprometidas, limitando las opciones terapéuticas para miles de pacientes. De este modo, la prohibición de las neurotecnologías en pacientes que no pueden consentir representa un retroceso terapéutico significativo. Esta pro-hibición no solo limitaría tratamientos urgentes y efectivos, sino que también obstaculizaría la investigación en neurociencias, impidiendo avances en la comprensión del cerebro y la conciencia.

La experiencia con la Ley N°20.584 nos advierte sobre los riesgos de legislaciones excesivamente restrictivas, las que pueden dañar irremedia-blemente la investigación y la práctica médica 32. Al limitar el acceso a tra-tamientos innovadores y el desarrollo de la investigación, se perpetúa la desigualdad en el acceso a la salud y se retrasa el avance de la medicina. Incluso más, esta propuesta contradice las prácticas médicas establecidas y carece de fundamento en el derecho comparado 33. Otra cuestión relevante la

32 ZAROR (2020), s/p.

33 RUIZ et al. (2021), pp. 439-446.