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Giacomo Belisario - Luis Villavicencio Miranda - Alejandra Zúñiga Fajuri

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por Guido Girardi Lavín contra Emotiv Inc. Esta decisión se sustentó en el siguiente razonamiento: las conductas denunciadas en este caso violaron las garantías consagradas en la Constitución. Específicamente, las garantías consagradas en el artículo 19 numeral uno, sobre integridad física y psíquica de la persona y numeral cuatro sobre derecho a la intimidad, de la Constitución. En este contexto, determin ó que la comercialización del producto Insight no tiene todas las autorizaciones pertinentes y que el producto no ha sido evaluado por parte de las autoridades sanitarias en base a consideraciones legales y éticas. Según la Corte, Emotiv debe someter su dispositivo a una evaluación del Instituto de Salud Pública (ISP), “a efectos que la comercialización y uso del dispositivo (...) y el manejo de datos que de él se obtengan se ajuste estrictamente a la normativa aplicable”42. La revisión de la sentencia ha dado lugar a lecturas interesantes por parte de los juristas, que han analizado su razonamiento 43.

La Corte Suprema ha generado una nueva controversia al exigir la au-torización del ISP para dispositivos neurotecnol ógicos, contradiciendo la postura oficial del ISP y anticipándose a lo que establece el proyecto de ley en trámite referido precedentemente. Sin embargo, no esclarece cuál es la base legal para esta nueva competencia del ISP 44. El fallo impone una carga regulatoria adicional a las empresas de neurotecnología al someter el con-sentimiento para la investigación con datos neuronales a la Ley N°20.120. Esta ley, diseñada para proteger a los sujetos de investigación, resulta más restrictiva que la normativa general sobre protección de datos personales, Ley N°19.628.

42 Corte Suprema, Rol N°105.065-2023 de 9 de agosto de 2023.

43 AMUNATEGUI (2024) y CONTRERAS (2024).

44 SMART y OYARZÚN (2024), pp. 135-150.