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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas en los procesos constitucionales chilenos recientes

Aun cuando la consagración constitucional de este derecho significaba la concreción de mandatos de derecho internacional, y resolvían graves pro-blemas de exclusión de los pueblos indígenas chilenos, no fue bien recibida por toda la doctrina nacional. Así por ejemplo, Jaime Arancibia sostuvo en un medio de prensa que estos derechos destruían la igualdad ante la ley, ya que constituían “un privilegio desde el momento en que se trata de bienes, garantías y poder de veto que no han sido reconocidos del mismo modo para el resto de los chilenos mestizos”46.

4.5. Las autonomías territoriales en el Proyecto de 2022

De acuerdo con el proyecto, el Estado de Chile se organizaría territo-rialmente “en entidades territoriales autónomas y territorios especiales”, siendo las primeras, las comunas autónomas, las regiones autónomas y las autonomías territoriales indígenas. Todas ellas gozarían de autonomía, tanto a nivel político, administrativo como financiero, y gozarían de personalidad jurídica y patrimonio propios (art. 187).

Uno de los inconvenientes de este tópico fue que la configuración de las autonomías territoriales indígenas no quedó del todo perfilada en el proyecto constitucional, delegando muchos de sus contenidos a la ley.

En efecto, el proyecto se limitó a definirlas como aquellas entidades terri-toriales “dotada[s] de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales” (art. 234). Nótese en esta disposición cómo se ratifica lo que se mencionaba previamente en este mismo trabajo: la distinción entre autonomía y autonomías.

Por su parte, se entregaba al legislador la determinación de una serie de elementos importantes. Por ejemplo, la ley debía establecer el procedi-miento participativo, consultado, oportuno, eficiente y transparente para la

46 ÁVILA (2022).