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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas en los procesos constitucionales chilenos recientes

Tal como lo demuestra Aguilar 15, este derecho está recogido en diferentes instrumentos internacionales, partiendo por la Carta de las Naciones Unidas, cuyo art. 2 establece como objetivo de la Organización “fomentar entre las naciones, relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igual-dad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”.

También destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual, en su art. 1.1. dispone que “[t]odos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libre-mente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”16. Es cierto que dicho texto no hace referencia explícita a los pueblos indígenas, pero tampoco los excluye, por lo que es razonable sostener que se refiere tanto a los pueblos preestatales como a los que se constituyen junto con el surgimiento del Estado-nación. Salvador Millaleo lo aclara indicando que el derecho a la autodeterminación no es exclusivo para “las naciones con Estados y a los pueblos colonizados”, sino que también les pertenece a los pueblos indígenas 17.

En este sentido, aun cuando no es un tratado, también debiera destacarse como norma de soft law y configuradora de costumbre y de ius cogens, el art. 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, el cual establece que “[l]os pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación”, agregando que, como consecuencia de este derecho, “determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Por último, el Conve-nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no se pronuncia expresamente sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero incorpora el derecho a la consulta y a la participación en las decisiones estatales (arts. 6 y 7).

15 AGUILAR (2007), pp. 410-454.

16 La misma disposición está contenida en el art. 1.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

17 MILLALEO (2020), p. 957.