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Hugo Tórtora Aravena

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

establecerse, siempre que concurran ciertos requisitos constitucionales. En lo que importa a este trabajo, se debe aclarar que las autonomías no tienen exclusivamente una fundamentación étnica, basada en la preexistencia de comunidades prehispánicas, sino a factores territoriales que, unidos a de-cisiones voluntarias de sus habitantes, deciden organizarse de este modo.

Ecuador, que no reconoce la autonomía de los pueblos indígenas de modo general, sí contempla autonomías, bajo las denominaciones de go-biernos autónomos descentralizados y regímenes especiales. Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana, y en ningún caso darán lugar a secesión del territorio nacional, según lo establece el art. 238 de la CPE. La misma disposición señala cuáles serán estos gobiernos, ninguno de los cuales, sin embargo, tiene connotación indígena, sino pu-ramente de ordenación territorial: juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.

A su vez, la CPB crea las autonomías indígena originario campesinas que son “los territorios indígena originario campesinos, y los municipios y regiones que adoptan tal cualidad de acuerdo a lo establecido en esta Cons-titución y la ley” (art. 291.I). Estas autonomías se unen a las autonomías departamentales, regionales y municipales (arts. 278, 281 y 284, respecti-vamente), todas las cuales contribuyen a moldear aquella declaración del art. 1, que señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, que, entre otras características, declara que es con autonomías.

Para su conformación la CPB no establece procedimientos formales, sino que sólo se requerirá de la voluntad expresada de su población en consulta, en conformidad a sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible (art. 293.I).