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Hugo Tórtora Aravena

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Más allá de los arreglos institucionales incorporados en la estructura constitucional de Ecuador y Bolivia, es necesario mencionar que ambas constituciones reconocen explícitamente el derecho de los pueblos indíge-nas a la libre determinación. Esta era una demanda que, de alguna forma, se arrastraba de los comienzos de la vida republicana, exigiendo mayores espacios de decisión a los pueblos. “Las demandas de autonomía y autode-terminación de los pueblos indígenas, presentes con fuerza desde mediados de los años 80 en algunos países de América Latina, han interpelado las relaciones coloniales de poder vigentes a lo interno de los Estados-nación”, explica Pablo Ortiz 32.

Siendo rigurosos, la recepción de este derecho en la CPE es acotada, toda vez que asegura “autodeterminación” exclusivamente a los “pueblos con aislamiento voluntario” (art. 57).

La CPB, en cambio, es mucho más explícita. De hecho, en su Preámbulo, se hace referencia a una Bolivia “comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos”. Será el art. 2 el que lo proclame explícitamente al establecer que: “[d]ada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado”.

Como consecuencia de la libre determinación, la Constitución boliviana avanza hacia la autonomía. Estos dos conceptos están íntimamente ligados, tal como lo explica Javier Rupiérez. Para este autor, la libre determinación puede asumir diferentes formas, en particular externas e internas. Las formas externas son aquellas que operan cuando un pueblo que, perteneciendo a un Estado, decide separarse de él, ya sea para convertirse en un nuevo Estado, solo o junto con otros pueblos. Las formas internas consisten en la decisión de un pueblo de seguir permaneciendo al Estado donde se ubica, siempre

32 ORTIZ (2005), p. 251.