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Hugo Tórtora Aravena

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Como veremos a continuación, el texto final fue incapaz de profundizar seriamente en lo relativo a los derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas, demostrando un importante retroceso en relación con la propuesta del año anterior. En principio, se pueden sostener, al menos, tres principales factores que incidieron en ello.

Primero, hubo una baja representación de pueblos originarios en los órganos competentes, derivado de la inexistencia de escaños reservados y la elección de un solo consejero constitucional en la circunscripción especial indígena. En segundo término, el fracaso del anterior proceso generó cierta desconfianza en torno a las temáticas relativas a los derechos de los pueblos indígenas. Y, por último, los límites establecidos en las bases instituciona-les del art. 154 CPCH significaron un detrimento a las aspiraciones de los pueblos indígenas. Expliquemos mejor este último punto.

Aun cuando el texto de la Constitución de 1980 no reconocía a los pueblos originarios, y las bases institucionales establecían que el segundo proyecto constitucional debía hacerlo, es evidente que los términos establecidos en ellas redujeron notablemente el nivel de protección y autonomía que brindaba la primera propuesta constitucional.

Efectivamente, las bases sostuvieron una suerte de umbrales mínimos y máximos de protección. El umbral mínimo se refería a que la nueva Cons-titución debía reconocer “a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena” y que el Estado debía respetar y promover “sus derechos y cultu-ras”. Esto, sin dudas, es un avance respecto de la Constitución del ’80. El problema estaba, sin embargo, en los umbrales máximos, ya que las bases sostuvieron que la nueva Carta debía considerar a la nación chilena como “una e indivisible”, lo que pasaba a ser un dique infranqueable a las posibi-lidades de un modelo plurinacional.