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Hugo Tórtora Aravena

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

6. CONCLUSIONES

El Estado de Chile y, particularmente, su devenir constitucional mantiene una deuda histórica con los pueblos indígenas que habitan su territorio.

Desde una perspectiva política, la historia de exclusión se remonta a los albores de la república. Recién en 1989 el entonces candidato a la Presiden-cia, Patricio Aylwin se reunió con representantes de los pueblos indígenas, sellando el Acuerdo de Nueva Imperial, por el cual se adquirió el compromiso de reconocer a estos pueblos, valorizando su cultura y su carácter de pueblos integrantes de “nuestra nacionalidad”60. Como consecuencia de estos esfuer-zos, se avanz ó más tarde en la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas en 1990, la aprobación de la Ley N°19.253 (Ley Indígena) y se estableció la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en 1993 61. Todo ello, por cierto, a pesar de la reticencia de sectores políticos e intelectuales vinculados a sectores conservadores 62.

No obstante ello, el reconocimiento constitucional no ha podido concre-tarse, a pesar de variados intentos 63. En términos jurídicos, esta insuficiencia normativa puede interpretarse incluso, como una infracción del Estado de Chile al deber de promover “el ejercicio del derecho de libre determina-ción”, contemplado en el art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La experiencia comparada, sin embargo, ha demostrado que es posible constitucionalizar estos derechos, lo cual puede apreciarse concretamente en las Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009), en el contexto de lo que se conoce como “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano Descolonizador”. El despliegue de principios tales como la plurinaciona-

60 ACUERDO DE NUEVA IMPERIAL (1989).

61 ROMÁN (2014), pp. 128-132.

62 MILLACURA (2013), pp. 198-215.

63 ROMERO (2014), pp. 139-149.