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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los derechos políticos colectivos de los pueblos indígenas en los procesos constitucionales chilenos recientes

lidad, la libre determinación y la democracia comunitaria se incorporó de manera coherente en los textos constitucionales, a pesar de la resistencia de los sectores más conservadores 64.

El caso es que los dos proyectos constitucionales surgidos a partir de la crisis de octubre de 2019 en Chile intentaron, con diferentes énfasis, recoger la exigencia política y jurídica de garantizar constitucionalmente los dere-chos políticos de los pueblos originarios. La intensidad política posterior al estallido social, los escaños reservados de la Convención Constitucional y el influjo ideológico del nuevo constitucionalismo latinoamericano significó un impacto decisivo en el contenido altamente protector de estos derechos en el proyecto del año 2022. En cambio, luego de su fracaso, el proyecto de 2023, nacido al alero de órganos menos representativos de la diversidad cultural del país y con una imagen colectiva muy debilitada de la plurina-cionalidad, fue más pobre que la propuesta anterior, aunque notablemente más apropiado que el actual texto constitucional en materia de derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Conforme a lo desarrollado en este trabajo, se hace imprescindible seguir insistiendo en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos colectivos, en especial aquellos de naturaleza política. Esto por cuanto es una exigencia jurídica del derecho internacional, hay antecedentes comparados que demuestran la posibilidad de hacerlo, y es un compromiso que se ha adquirido con las comunidades desde hace muchas décadas.

Mientras ello no ocurra, sin embargo, se hace necesario prestar mayor atención a las doce bases institucionales y fundamentales, que se incorporaron en el nuevo art. 154 de la Constitución Política, particularmente al numeral cuarto, que se refiere al reconocimiento de los pueblos indígenas (aunque sea como “parte de la nación chilena, que es una e indivisible”) y al deber del Estado de respetar y promover “sus derechos y culturas”.

64 BURBANO DE LARA (2015), pp. 23-24.