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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El riesgo e implicancia que pueden llegar a tener los sesgos cognitivos durante la labor pericial y metapericial

siguiendo esa misma línea argumental, se ha escrito que la persona es sin duda “el tema central del derecho”46, entendido éste como otro gran sistema que contiene lo que conocemos como fenómenos jurídicos.

Como el objeto central de este trabajo puede ser considerado por este articulista justamente como un tipo de fenómeno jurídico, en tanto dichos heurísticos y sesgos pueden llegar a tener un rol importante en la toma de decisiones del juez y especialmente en los peritos, Goldschmidt, fundador del trialismo sostenía que los elementos del fenómeno jurídico –el derecho– “pueden designarse mediante las voces: conducta, norma y justicia”47. Y como los sesgos cognitivos formalizan un reparto, se ubican en la primera de las tres: en la conducta representada en la dimensión sociológica.

Hoy en día, la visión integrativista del mundo jurídico que sostiene el trialismo resume lo anterior. Esta comprensión se erige sobre tres pilares fundamentales: una dimensión sociológica que se asienta en nuestra realidad que construimos como sociedad. Acá encontramos los repartos y adjudica-ciones. Los primeros, ejecutados por personas determinadas; los segundos, provienen de la naturaleza. Luego, el segundo pilar es la denominada dimen-sión normo (lógica), que tiene y posee un carácter direccionador mediante la captación lógica de repartos proyectados. Y finalmente, una dikelógica, asentada en la forma en como la justicia, valor y conjunto de valores; valora justamente a las otras dos anteriores.

Bajo el sentido concreto de la idea anterior, el perito se integra en el fenómeno jurídico que se toma este artículo y no basta que, como un tipo de persona determinable que construye parte de la sociedad en que vivimos (visión sociológica), para actuar en juicio, deba cumplir con lo que la ley establece, es decir, estar inscrito en un listado público y formal que le autorice para su nombramiento y posterior ejecución de su labor pericial dentro del procedimiento pertinente, o que la ley mandate al justiciante para admitirlo

46 FERNÁNDEZ (2001), p. 289.

47 GOLDSCHMIDT (1987), p. 8.