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Cristián Cáceres Muñoz

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

permite reconocer que las personas lo construimos desde dimensiones dis-tintas, pero colindantes: ciencias, técnicas, doctrinas, dogmas, etc. En un determinado territorio que consideramos como nuestro.

En este espacio físico y social, construimos y tomamos una serie de decisiones colectivas, que podemos asimilarlas al concepto de lo político –constante donde se define quién manda, qué es justo y cómo se ordena la convivencia humana– captado por el valor que la ciudadanía otorga a dicho significante y en donde descansa el bien común. Es precisamente este marco de vida que hemos decidido regular donde el derecho encuentra, finalmente, su razón de ser, pues “hay necesidad del derecho”3 para concretar la búsqueda y establecimiento de todo aquello que nos permita vivir de forma ordenada, si consideramos que, de alguna forma, las sociedades nos autorregulamos por normatividades.

Así, la solución de controversias entregadas al sentenciador, es decir, los litigios o causas judiciales, por ejemplo, son un tipo particular de sub-sistema dentro de la gran dimensión que el derecho abarca. En tanto son regulados y ordenados por normas, principios jurídicos y procedimientos, y cuya finalidad es mantener organizado y vigente el bien común, mediante el reparto de potencia e impotencias que genera la administración de justicia. La primera, es decir, la potencia, es el beneficio que recibe quien obtiene el juicio, la segunda, se refiere al perjuicio de quien lo pierde.

Ahora bien, en los hechos, al interior de un procedimiento judicial, donde cohabitan ciertas actividades desplegadas por agentes con conocimientos muy particulares que impactan en la decisión final del justiciante –la que debería ser justa– podemos advertir y además prevenir la injerencia que llegarán a tener ciertos errores en el levantamiento de información, si aquellos no son advertidos.

3 COTTA (2005), p. 73.