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Paulina Navarrete Medina

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

no sólo permite a los participantes en el sistema de administración de justicia enfrentar de manera exitosa los contextos de incerteza que generan muchas hipótesis de accidentes en la sociedad actual, sino que resulta, al mismo tiempo, coherente con la comprensión racional del juicio de hecho que la dogmática procesal moderna articula, tanto en el modelo angloamericano como en el continental, en torno a la prueba jurídica 67.

Creemos que la aplicación del artículo 2329 del Código Civil es una so-lución posible, siguiendo la lectura de Larroucau, la norma podría entenderse como un supuesto de res ipsa loquitur o prueba en principio de la culpa e incluso de la causalidad. Esta solución podría tener un campo de aplicación más amplio que los supuestos de la culpa organización o de la culpa anóni-ma. A partir de la citada norma podrían construirse jurisprudencialmente los deberes de diligencia tecnológica que serían exigibles a quien incorpore en su actividad un sistema de inteligencia artificial, sin necesidad de recurrir a la idea de actividad peligrosa.

Mirando más allá de los mecanismos de facilitación probatoria, pero vin-culada con aquella se plantea una solución consistente en el establecimiento de requisitos cuyo objetivo sea contribuir a la presentación y/o conservación de las pruebas, lo que lógicamente ayuda a quienes tiene la carga de probar el nexo causal. Así, puede establecerse respecto de los productores de sistemas de IA el deber de instalar registros o depósitos de registros para recoger y almacenar datos 68.

Si bien podemos valorar una solución como la recién expuesta, resul-ta evidente que esta resulta más bien complementaria a otras que puedan adoptarse y, por lo demás, requiere que expresamente se establezcan tales obligaciones por el legislador, asociadas a una sanción adecuada en caso de incumplimiento.

67 LARROUCAU (2011), p. 492.

68 KARNER et al. (2021), p. 29.