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Paulina Navarrete Medina

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

La regulación de la causalidad contenida en el C ódigo Civil chileno, corresponde a un enfoque generalista, como el que rige en Francia, no obs-tante, a pesar de no ser propio de este enfoque, la ampliación del análisis de la causalidad, considerando no sólo cuestiones fácticas, sino también normativas, no es extraño a nuestra doctrina 28 y jurisprudencia 29.

Se suele afirmar que el tramo fáctico de la causa o causa física es una parte de la realidad que se descubre mediante las pruebas aportadas al proceso, mientras que la causa jurídica es aquel modo en que el derecho se aproxima a la realidad fáctica, extendiendo o acotando el iter causal, para atribuir o imputar autoría y determinar las consecuencias jurídicas por las que se hará responsable al autor jurídico 30.

Otra diferenciación que resulta relevante es aquella que – en la causalidad fáctica – distingue entre causalidad general y causalidad específica. Con el término causalidad general o genérica, se hace referencia a si el riesgo que conlleva una determinada actividad es capaz de causar cierto tipo de daño. En cambio, con el término causalidad específica se hace referencia a si el riego creado por una conducta o actividad específica ha causado el daño que sufre una concreta víctima en particular, y en qué medida ha causado ese daño 31. Así, por ejemplo, estamos en el campo de la causalidad general si nos preguntamos si un medicamento puede causar un determinado efecto secundario, mientras que, nos encontramos en el ámbito de la causalidad específica si lo que analizamos es si ese medicamento, en la dosis prescrita, ha podido causar un determinado deterioro en la salud del paciente X con-siderando sus características.

28 Vid. BARROS (2007), KRAUSE (2014), BARAONA (2008) y CORRAL (2008).

29 Vid. Corte Suprema, Rol Nº2497/2002, de 26 de enero de 2004, Corte Suprema, Rol Nº10442/2014, de 7 de abril de 2015, Corte Suprema, Rol Nº2797/2015, de 10 de noviembre de 2015 y Corte Suprema, Rol Nº170621/2022, de 9 de enero de 2024.

30 MELCHORI (2020), pp. 21 y 22.

31 MART Í N-CASALS (2020), p. 230.