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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Intervenciones conductuales en salud pública: Marco regulatorio de suficiencia y equidad para el derecho chileno

heterogeneidad de la población destinataria, evitando el enfoque de talla única cuyas limitaciones han sido documentadas de forma consistente en la literatura conductual 90.

A la luz de estas exigencias sustantivas, el quinto estándar es el de control jurisdiccional efectivo, que aborda la cuestión de la revisión judicial de las intervenciones conductuales en el ámbito sanitario. La revisión judicial tra-dicional, centrada en la legalidad procedimental de los actos administrativos formales, resulta estructuralmente inadecuada para controlar intervenciones que operan mediante la persuasión, el diseño de entornos y la activación de sesgos cognitivos 91. El control jurisdiccional del nudging sanitario requiere una adaptación de los criterios de revisión que permita evaluar no solo la conformidad formal del acto administrativo con la ley habilitante, sino también la calidad, el contexto y el efecto de cambio de comportamiento de facto provocado por las actividades administrativas 92. Esta adaptación implica que los tribunales deben estar en condiciones de evaluar la evi-dencia conductual que sustenta la intervención, la proporcionalidad de su diseño respecto de la intrusión sobre la autonomía, y la adecuación de las salvaguardas de equidad incorporadas.

En el plano institucional chileno, el control jurisdiccional de las in-tervenciones conductuales sanitarias puede articularse a través de varios mecanismos existentes que requieren, no obstante, una adaptación interpre-tativa. La acción de protección constitucional, regulada en el art. 20 de la Constitución Política de la República, ofrece un recurso para la impugna-ción de intervenciones conductuales que vulneren derechos fundamentales, particularmente el derecho a la integridad psíquica, la libertad personal y la igualdad ante la ley, aunque su eficacia dependerá de la disposición de los tribunales a reconocer que la manipulación conductual puede constituir una afectación de estos derechos aun en ausencia de coacción formal. La

90 MILLS (2020), pp. 5-7.

91 ALEMANNO y SPINA (2014), pp. 452-454.

92 Ibid., p. 453.