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Fernando Ramos-Zaga

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

jurisdicción contencioso-administrativa, en la medida en que se desarrolle en el ordenamiento chileno, debería incorporar criterios de revisión específicos para las actuaciones administrativas de naturaleza conductual, atendiendo no solo a su conformidad con la potestad habilitante sino a su adecuación con los estándares de necesidad, proporcionalidad y transparencia antes descritos.

Considerados conjuntamente, la articulación de estos cinco estándares, necesidad instrumental, proporcionalidad, transparencia institucional, equi-dad distributiva y control jurisdiccional, configura un marco regulatorio que traduce los principios normativos de suficiencia sanitaria, protección de la autonomía y justicia distributiva a categorías jurídicas operativas susceptibles de aplicación y revisión institucional. La implementación de este marco re-quiere, como condición institucional previa, el establecimiento de un órgano regulador con competencia específica en ciencia conductual aplicada a la salud pública, dotado de independencia funcional respecto de los intereses de la industria alimentaria y farmacéutica, y sujeto a las obligaciones de rendición de cuentas que impone el marco A4R danielsiano. La experiencia comparada muestra que más de 200 organismos públicos de base conductual operan actualmente en los países de la OCDE 93, lo que proporciona modelos institucionales de referencia, aunque ninguno de ellos ha resuelto satisfac-toriamente la integración de los estándares de equidad distributiva y control jurisdiccional que el contexto de desigualdad estructural chileno exige.

Especial atención requiere, en este contexto, la obligación de evaluar y publicar los resultados de las intervenciones conductuales, incluidos sus efectos de desplazamiento sobre comportamientos no directamente inter-venidos. La evidencia sobre los efectos de crowding-out en el ámbito de la donación de órganos, donde la adopción de sistemas de opt-out condujo a una disminución significativa de las tasas de donantes vivos sin un aumento proporcional de las tasas de donantes fallecidos 94, ilustra un riesgo estructural que el marco regulatorio debe anticipar y monitorizar. La obligación de eva-

93 OCDE (2024), pp. 15-17.

94 APPELUIS et al. (2025), pp. 5-8.