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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

- Finalmente, desde el punto de vista de los terceros, la sociabilidad o presunción del carácter social de los bienes 12 desempeña una función de ga-rantía patrimonial. En efecto, habida cuenta de la composición del patrimonio social y del hecho de que las deudas contraídas durante la sociedad conyugal son, por regla general, obligaciones sociales, la norma ensancha el ámbito de los bienes que pueden resultar afectados por el derecho de garantía general de los acreedores 13. El vehículo jurídico mediante el cual produce ese efecto consiste en relevar al tercero de la carga de acreditar que el bien existente en poder de cualquiera de los cónyuges durante la sociedad o al tiempo de su disolución pertenece al haber social 14, trasladando al cónyuge que alegue el dominio propio la carga de invocar y acreditar dicha titularidad 15. Así, al tercero solo se le exige una diligencia mínima correlativa a la apariencia, bastando que la tenencia del bien se presenta de manera externa, esté de manifiesto o se deje ver sin pesquisar ni efectuar una esmerada diligencia 16.

12 SOMARRIVA (1946), p. 234; TOMASELLO (1989), p. 54; TOMASELLO (1994), p. 62; FRIGERIO (1995), p. 45; RAMOS (2010), p. 209; GALVÁN (2008), p. 354; COURT (2009), p. 183 y TURNER (2024), p. 147.

13 SOMARRIVA (1946), p. 218.

14 ALESSANDRI (1935), p. 257. Además, la Corte Suprema ha sostenido que la presunción contenida en el art. 1739, inc. 1°, ha sido establecida por la ley con el propósito principal de resguardar los derechos de los acreedores del marido que administra la sociedad conyugal. Como consecuencia, se les exime de la carga de demostrar que los bienes sobre los cuales dirigen sus acciones pertenecen a la sociedad, evitando, por ejemplo, que el marido sustraiga de su alcance al presentarlos como de propiedad exclusiva de la mujer. Cfr.: Corte Suprema, 10 de junio de 2006, en: RDJ., N° 1, año 2007, p. 138. En el mismo sentido, tres sentencias de la Corte de Apelaciones de Concepción y una de La Serena, respectivamente, en: RLJ., pp. 49 y ss.; como también, Corte Suprema, Rol N° 5414-2003, 12 de mayo de 2005; Corte Suprema, Rol N° 217928-2023, 14 de febrero de 2025.

15 De acuerdo con Fernando Fueyo, en virtud de esta presunción simplemente legal se protege principalmente a los acreedores del marido, quienes con toda seguridad serán los de mayor cantidad atendido el funcionamiento de la sociedad conyugal. Consecuente con ello, la dispo-sición los libera de una prueba altamente compleja. Además, al tiempo de la disolución de este régimen, simplifica su liquidación, pues los bienes que se liquidan son, en principio, sociales. Cfr.: FUEYO (1959), p. 65.

16 FUEYO (1959), p. 65. De esto se colige que si ninguno de los cónyuges puede rendir prueba suficiente para desvanecer la presunción, forzosamente el bien se considera perteneciente a la sociedad.