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Gonzalo Bascur Retamal

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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de las descripciones típicas, para guardar así coherencia con el modelo de accesoriedad administrativa empleado por el legislador 13, ello, con el obje-to de la formulación de criterios interpretativos que permitan resolver los problemas de subsunción planteados.

Por lo anterior, si acaso estos delitos a partir de su contenido de ofensiv-idad constituyen figuras de lesión o de peligro contra el bien jurídico que se estime, subyacería a la LCA, incluyendo el amplio espectro de construc-ciones intermedias implicadas bajo esta última categoría, es algo que no será abordado en el presente trabajo, en la medida que, además de constatarse una absoluta falta de consenso en cuanto al significado que cabe atribuir a la categoría dogmática delitos de peligro 14, llegando incluso al cuestionamiento

investigaciones y da lugar a formas procesales de término que no contienen, por regla general, un desarrollo explicitado en el texto de la respectiva sentencia: decisiones de no perseverar e inclusive sobreseimiento definitivo.

13 De esta forma deliberadamente se ha prescindido del elemento teleológico de interpretación, que, como se sabe, resulta concretado en la aplicación de la teoría del bien jurídico en lo que dice relación con su función dogmático-interpretativa para la solución de estos problemas. Lo dicho, como se adelantó, se basa en que, a nuestro juicio, y por impopular y descarnado que pueda resultar para las consideraciones mayoritarias en la materia, en general, las normas de sanción de la LCA estarían diseñadas únicamente para resguardar la capacidad de control de la Administración en esta materia específica, sin posibilitar al intérprete espacios respecto a la norma de conducta para que opere una evaluación teleológica restrictiva de su sentido y alcance: en la LCA la accesoriedad administrativa sería de naturaleza simétrica, vale decir, la regulación penal sería concordante con el sentido de las normas administrativas y la infracción de éstas –que estén tipificadas como delito– darían lugar automáticamente a la tipicidad penal. De ahí que la base distributiva regulatoria propia del juicio de valor de la normativa administrativa tendría un reflejo especular en la norma primaria –o más bien, coincidirían exactamente–, de modo que no restarían espacios de actuación para que el juez recurra al mecanismo de reduc-ción interpretativo-teleológica de las normas de conducta. Esto quiere decir que existiría un grado de dependencia absoluta entre la norma penal y la o las disposiciones administrativas que regulan complementariamente la materia de prohibición, en el sentido de que el precepto penal solo prescribiría la observancia del contenido normativo administrativo vinculado al bien jurídico protegido que subyacería a la normativa de la LCA –y que por motivos temáticos y de espacio, no puede ser detalladamente tratado en esta sede–. Críticos al respecto, OSSANDÓN y ENTEICHE (2026), p. 125, pp. 147-149. Dicho de otra forma, en Chile, en tanto opción político-criminal, y a diferencia de ordenamientos comparados, el legislador ha decidido que el control administrativo sobre esta clase de artefactos se efectúe a través de la ley penal, siendo prácticamente inexistente –en rigor, restringido al extremo para infracciones muy específicas–, un régimen administrativo sancionador en la materia.

14 MALDONADO (2021), pp. 54-56.