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Mindra Pino Sotomayor

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

N°20.584 96-97, y se traduce, principalmente, en el deber de información y de seguridad que le asiste al médico, y que se entienden accesorios a la obli-gación principal de éste de atender y aliviar la enfermedad del paciente 98.

Esta normativa también introdujo, a raíz de esta desigualdad entre am-bos sujetos y en pro de la autodeterminación del paciente 99, el denominado consentimiento informado 100, el cual consiste en el derecho que le asiste al paciente de otorgar su voluntad para someterse a un procedimiento médi-co determinado, una vez que haya sido informado de manera suficiente, oportuna, veraz y comprensible del tratamiento y sus riesgos. Así las cosas, su consentimiento es necesario para garantizar la licitud de la actividad médica 101, al ser su cuerpo, su integridad física, la que se ve involucrada de forma directa en la ejecución de la prestación.

A continuación, se examinará cada una de estas figuras para determinar su lógica y alcance, con el objeto de poder vislumbrar si ellas permiten calificar a la Ley N°20.584 102 como una ley de derecho singular –en los términos de Alejandro Guzmán– y, en consecuencia, como un caso de descodificación material.

a) Deberes accesorios específicos a cargo del médico

Son dos los deberes accesorios que incorpora la Ley N°20.584 cuya infracción puede derivar en un caso de responsabilidad médica. Ambos surgieron a raíz de la asimetría existente en la relación entre el prestador de la salud y el paciente. Se trata del deber de seguridad y del de información.

96 Ley N°20.584, de 2012.

97 PIZARRO (2017), p. 27.

98 BRANTT (2008), p. 511.

99 HERNÁNDEZ y CHAHUÁN (2021), p. 18.

100 El consentimiento informado ha sido tratado por algunos autores a nivel nacional, a saber: DE LA MAZA (2010), pp. 89-120; DE LA MAZA (2017), pp. 111-131; HERNÁNDEZ y CHAHUÁN (2021), pp.17-25; CALAHORRANO (2021), pp. 4-33; PARRA y RAVETLLAT (2019), pp. 215-248; AEDO (2023), pp. 741-768; entre otros.

101 PARRA y RAVETLLAT (2019), p. 218.

102 Ley N°20.584, de 2012.