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Mindra Pino Sotomayor

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Un principio rector en el derecho es la buena fe 111, tanto en su variante subjetiva como en la objetiva. En este caso, nos interesa la segunda. El art. 1546 del Código Civil consagra en nuestro ordenamiento jurídico el principio de buena fe contractual o buena fe objetiva. Esta norma prescribe que los contratos se deben ejecutar de buena fe y, por consiguiente, no solo obligan a lo que ellos expresan 112, sino que además “a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”. Entre las diversas manifestaciones que se le reconoce a este principio, se alude a su labor integradora, en virtud de la cual el intérprete incorpora al contrato deberes de conducta implícitos, lo que, a fin de cuentas, se traduce en una ampliación del contenido contractual más allá de lo dispuesto por las partes en razón de su autonomía de la voluntad 113.

En tal sentido, previo a la entrada en vigencia de la Ley N°20.584 114, la doctrina entendía que estos deberes accesorios del médico le eran de igual forma exigibles en función de la labor integradora del principio de buena fe. Así lo afirma Brantt, quien señala que

es posible sostener que, de la propia prestación principal del contrato [médi-co], a partir del artículo 1546 del Código Civil, y teniendo como fundamento último la buena fe objetiva, conjuntamente con la de emplear todos los medios conducentes al mejoramiento de la salud del paciente, el médico asume tam-bién los deberes de informar a este último sobre los procedimiento a seguir y los riesgos implícitos en ellos –deber de información–, y de garantizarle que se le darán todos los cuidados necesarios para mantener su integridad física y síquica hasta el fin del tratamiento –deber de protección o seguridad– 115.

111 LÓPEZ y ELORRIAGA (2017), p. 428.

112 Ibid., p. 434.

113 BUSTOS (2023), p. 72.

114 Ley N°20.584, de 2012.

115 BRANTT (2008), pp. 511-512. En este mismo sentido, en relación al deber de seguridad, PIZARRO (2014), p. 831; y respecto del deber de información, PIZARRO (2017), pp. 41-42, quien señala que “La ley N°20.584 reconoce un deber que, si bien no aparecía en términos formales asumido por el legislador, nadie dudaba de su existencia en toda relación entre un médico y su paciente, bastando recurrido a la buena fe en su función intergradora [sic]”.