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Alejandra Illanes Valdés - Constanza Astudillo Meza

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

especial relevancia a propósito de la Ley N°21.400, que reconoce el acceso igualitario al matrimonio para parejas del mismo sexo, en la medida en que la distinción entre marido y mujer pierde sentido, lo que evita dificultades interpretativas al momento de aplicar el estatuto que regula la compensación económica.

Con todo, y como se examinará con mayor profundidad más adelante, la aplicación práctica de esta institución a lo largo de estos años ha demostrado que, en nuestro medio, dicha situación de debilidad recae predominantemente en las mujeres. Son ellas quienes, en términos comparativos, se ven con mayor frecuencia compelidas a recurrir a aquellos instrumentos concebi-dos para la tutela de sus intereses y, en particular, a solicitar judicialmente compensación económica 6.

La explicación de este fenómeno se sitúa fuera del plano estrictamente jurídico y se vincula de manera directa con los modos y condiciones de vida predominantes en nuestra sociedad, que se reproducen también en la familia

6 El paso del tiempo ha demostrado que la preocupación del legislador al momento de la discusión parlamentaria era absolutamente fundada. “En las actas de la NLMC, existe registro de que la preocupación de los legisladores al regular el divorcio vincular era la situación en que quedaban la mujer y los hijos al momento del término del matrimonio. Especial interés expresaron por la desigualdad en las condiciones económicas y el poder de negociación de éstos al momento de la ruptura. Así, la diputada señorita Saa señaló durante el debate que ‘en el caso de la nulidad, el matrimonio termina, pero las mujeres y los hijos no tienen fuerza para negociar las condiciones en que quedan. En la práctica la nulidad somete al cónyuge más débil al poder económico del otro. Esto significa que, mediante el dinero, el cónyuge más fuerte podrá lograr una nulidad favorable amenazando, por ejemplo, con dejar de pagar la alimentación, la vivienda, la salud y los colegios. El resultado es que el cónyuge más débil se ve obligado a aceptar las condiciones de quien tiene el dinero. Agrega que la realidad indica que la mayoría de los cónyuges más débiles son mujeres, porque el 65 por ciento de ellas no tiene trabajo remunerado y muchas han dedicado su vida a atender el hogar, a los hijos y al marido. Por lo tanto, no tienen asegurada por sí mismas la atención en caso de enfermedad, de invalidez o vejez, o su propia mantención, mientras que los maridos, en su mayoría, perciben una remuneración por su trabajo y financian su previsión con el dinero de la sociedad conyu-gal’”. Véase: LEPIN (2012), p.6.