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Alejandra Illanes Valdés - Constanza Astudillo Meza

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

La única forma de entender esta figura es como la forma concreta de tutela del cónyuge más débil que la ley contiene. En efecto, es indudable que esta normativa, al introducir el divorcio vincular unilateral, privó al cónyuge más débil que se opone a él de todo poder de negociación. En efecto, este (más bien está en la mayoría de los casos) ya no dispone de medios para oponerse al divorcio unilateral, de suerte que no tiene modo de evitar la pérdida de todos los derechos que provenían de su relación conyugal 10.

Siguiendo este planteamiento, puede afirmarse, al menos en un plano teórico, que sin cónyuge más débil no hay compensación económica, y que esta existe precisamente porque existe aquel 11. Con todo, es importante precisar que al legislador no le basta la sola existencia de un cónyuge en situación de debilidad para estimar procedente esta institución, pues establece exigencias específicas tanto en lo que respecta al origen de esa debilidad como al origen y extensión del menoscabo.

Debe señalarse, además, que, aunque se ha discutido si los supuestos de procedencia de la compensación económica se encuentran contenidos exclu-sivamente en el art. 61 de la NLMC o si resultan de la aplicación conjunta

10 DOMÍNGUEZ (2005), p. 5.

11 Es importante dejar sentado que la afirmación sólo puede hacerse en el plano teórico, dado que la compensación económica puede ser fijada no sólo por resolución judicial, sino que también de común acuerdo. En este último supuesto, la exigencia de que existan efectivamente un cónyuge más débil y la extensión de esa debilidad pueden ser absolutamente indiferentes a la hora de convenir una compensación o, incluso, renunciar a ella.

Comentando la hipótesis del art. 63 de la NLMC, esto es, del acuerdo de compensación económi-ca, Barrientos afirma que en esta disposición “no se han fijado mayores parámetros limitadores de la autonomía de los cónyuges para determinar la compensación económica y su monto, de manera que, en principio, no aparece restringida por las causas remotas concretas del menoscabo reconocidas en el art. 61 de la LMC, y así parece que comienza a entenderlo la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, como puede verse en el siguiente considerando de la sentencia de 6 de septiembre de 2007 pronunciada por la I. Corte de Apelaciones de San Miguel [Rol N°1.286-2007]: ‘Esta Corte estima que procede aprobar el acuerdo acompañado por las partes, suscrito con fecha 6 de junio del año en curso, atendido lo expuesto precedentemente, teniendo especialmente en consideración, que la compensación económica tiene un carácter patrimonial, que admite incluso la renuncia de las partes a ella, lo que permite a contrario sensu colegir que su otorgamiento por el demandado reconvencional constituye una opción libre para concederla y en ese contexto se armoniza con los principios del derecho de familia por sobre la norma estricta del art. 61 de la Ley de Matrimonio Civil’”. Véase: BARRIENTOS (2007), p. 25.