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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La compensación económica como instrumento de protección del cónyuge más débil: Reflexiones a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema

Que lo anterior, si bien simplifica enormemente la cuantificación de una compensación, pasa por alto factores que estimamos de suma relevancia. La prescindencia de la situación patrimonial o de las posibilidades de acceso al mercado laboral, son un claro ejemplo.

En efecto, bajo la consideración de la situación patrimonial, no debiera pasarse por alto que no es lo mismo discutir una compensación entre cónyu-ges casados bajo régimen de sociedad conyugal que entre aquellos casados bajo separación total de bienes o, incluso, bajo régimen de participación en los gananciales.

La posibilidad de acceso al mercado laboral, por su parte, en los hechos marca una diferencia y ello debiera verse reflejado en la sentencia. No es lo mismo discutir una compensación económica de una mujer de treinta y cinco años que una de cincuenta o sesenta, ni aun en el caso de tratarse de mujeres con la misma duración de la convivencia, niveles de ingreso y lagunas previsionales equivalentes.

Que el texto legal, contrastado con su aplicación práctica, en el modelo de cálculo simplificado que se viene comentando, coloca a los litigantes en la legítima disyuntiva de determinar hasta d ó nde avanzar en el esfuerzo probatorio, considerando los altos costos asociados que ello puede conllevar. En este escenario, salvo para intentar forzar un acuerdo, cabe cuestionar la razonabilidad de invertir en una pericia social o en una contable, por ejemplo, cuando discutimos acerca de la compensación de un cónyuge que no tiene mayor cualificación profesional.

En efecto, el certificado de matrimonio contrastado con la declaración de testigos permite establecer el período de convivencia conyugal; el certificado de cotizaciones previsionales permite establecer las lagunas, y de éste colegir el período en que el demandante no trabajó o lo hizo en menor medida de lo que quería; a eso le sumamos la información pública acerca de l ingreso mínimo y podríamos tener todos los ingredientes para resolver, como en el