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Alejandra Illanes Valdés - Constanza Astudillo Meza

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

dro económico como consecuencia de haberse dedicado preferentemente al cuidado de los hijos o del hogar común. Aunque esta noción se encuentra formulada en términos neutros, el análisis del contexto chileno permite advertir que dicha situación afecta predominantemente a las mujeres, en estrecha relación con la persistencia de brechas de participación laboral, distribución de cuidados y remuneración.

Con todo, la compensación económica prevista en la NLMC protege solo a un espectro determinado de cónyuges más débiles. En efecto, el art. 61 restringe el menoscabo compensable a aquel que deriva de la falta de desarrollo de una actividad remunerada o de su ejercicio en menor medida de lo que se quería y podía, por dedicación al cuidado de los hijos o del hogar común. De este modo, quedan fuera otras hipótesis de vulnerabilidad económica surgidas de la vida matrimonial que, aun pudiendo comprometer de manera significativa la autonomía futura del cónyuge afectado, no encua-dran en el supuesto legal previsto por el legislador.

A esta limitación normativa se añaden diversos nudos críticos que debi-litan la aptitud real de la compensación económica para cumplir la función de tutela que se le atribuye. Entre ellos, destacan las barreras que afectan la tutela judicial efectiva de quienes la demandan, especialmente en el acceso a defensa letrada, en la posibilidad de reunir prueba suficiente para acreditar el menoscabo y en la ejecución efectiva de lo resuelto. A ello se suma una práctica jurisdiccional que, en no pocos casos, tiende a fijar cuantías más reducidas, circunstancia que suscita dudas acerca de la efectiva correspon-dencia entre el monto reconocido y la finalidad protectora de la institución.

Del mismo modo, la revisión de los acuerdos sobre compensación eco-nómica permite advertir que la intervención judicial llamada a aprobarlos no siempre opera, en la práctica, como un verdadero control de suficiencia orientado a resguardar al cónyuge más débil. La ausencia de antecedentes de contraste y, especialmente, las dinámicas procesales más expeditas difi-cultan un examen sustantivo de la justicia del acuerdo, con el consiguiente