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Alejandra Illanes Valdés - Constanza Astudillo Meza

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Lo anterior resulta fundamental cuando tenemos en cuenta que, en su mayoría, la condición de cónyuge más débil, por ende, de demandante de compensación, corresponde a la mujer; más aún, cuando la desigualdad afecta el acceso a la justicia y, en definitiva, la tutela judicial efectiva 17. Lo anterior podría tener justificación en la diferencia de género en los trabajos domésticos y de cuidado no remunerado, donde cifras de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile revelan que un 20,5% de los hombres encuestados reportaba realizar trabajos domésticos y/o de cuidado, esta cifra ascendía a un 67,4% en el caso de las mujeres.

A nivel internacional el problema se encuentra perfectamente reconoci-do. En este sentido, vale la pena analizar lo dispuesto en la Recomendación General Nº33 que, a partir de la consideración de que el derecho de acceso a la justicia es esencial para la realización de todos los derechos, formula propuestas concretas que debieran ser asumidas por los Estados a fin de proteger a las mujeres 18.

En el caso chileno, esta distancia entre igualdad formal e igualdad sus-tantiva adquiere relevancia para la compensación económica en la medida en que su ejercicio depende, normalmente, de la posibilidad de contar con asesoría jurídica oportuna, formular adecuadamente la pretensión, rendir prueba suficiente sobre el menoscabo y obtener el cumplimiento efectivo de lo resuelto. Por ello, más que un problema autónomo de acceso a la justicia,

17 Entendemos el derecho a la tutela judicial efectiva, “como aquel que se le reconoce a toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales para obtener, por el debido cauce procesal, una decisión fundada en derecho sobre las pretensiones deducidas respecto de sus derechos o legítimos intereses, esto es, que ‘cualesquiera situaciones jurídicas relevantes pueda ser, llegado el caso, defendidas ante un genuino órgano jurisdiccional, de manera que no existan supuestos de denegación de justicia’; posee un contenido amplio, integrado por un complejo sistema de garantías para el ciudadano que se despliegan en tres momentos distintos: al acceder a la jurisdic-ción, durante el proceso y en la ejecución de la sentencia”. Véase: MARCHECO (2020), p. 94.

18 COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER (2015), p. 3.