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Alejandra Illanes Valdés - Constanza Astudillo Meza

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación, se considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral, y la colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

Desde luego, esta crítica debe formularse con una precisión: los factores del art. 62 de la NLMC solo pueden ser considerados por el tribunal en la medida en que hayan sido oportunamente introducidos al debate y cuenten con respaldo probatorio suficiente. Por ello, no se sostiene aquí que la Corte Suprema deba ponderar elementos ajenos a la discusión procesal, sino que la tendencia a concentrar la cuantificación en variables objetivas —como la duración de la vida en común, las lagunas previsionales o una remuneración de referencia— puede reducir, en la práctica, la densidad argumentativa exigible para valorar integralmente el menoscabo económico.

Si aplicamos la fórmula en comento a un caso en concreto, ello implica que los únicos factores que realmente se contabilizan son:

- La duración de la vida en común, pues el análisis de circunscribe a ese plazo.

- La cualificación profesional, para los efectos de valorizar cu á nto ha-bría percibido de haber trabajado efectivamente o de haberlo hecho en la medida que quería; lo que permite, a lo menos fijar un piso equivalente al sueldo mínimo.

- Y la situación en materia de beneficios previsionales, para el sólo efecto de establecer en qué periodos, durante la convivencia matrimonial, el de-mandante de compensación no trabaj ó o trabajó menos.