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Alejandra Illanes Valdés - Constanza Astudillo Meza

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 63 y 64 de la NLMC, los primeros llamados a determinar la procedencia de la compensación econó-mica, cuantificarla y fijar su modalidad de pago son los propios cónyuges, quedando la intervención judicial en un plano subsidiario, esto es, para el caso de no existir acuerdo. En lo que respecta a este último, el art. 63 dispone que deberá constar “en escritura pública o acta de avenimiento, las cuales se someterán a la aprobación del tribunal”. Si bien la norma no precisa la naturaleza de dicha intervención judicial, ni establece expresamente los pa-rámetros que el juez debe considerar al momento de otorgar su aprobación, estimamos que, para los efectos de este trabajo, aquella debe interpretarse a la luz del deber de protección del cónyuge más débil consagrado en el art. 3 de la NLMC. Desde esta perspectiva, la aprobación judicial no podría entenderse como una actuación meramente formal, sino como una instancia de control orientada a verificar que el acuerdo no desatienda la finalidad tutelar que informa la institución. Con todo, una vez más parece necesario distinguir entre el plano teórico y la dimensión práctica, a fin de precisar nuestros reparos en torno a la forma en que opera la intervención judicial en la aprobación de los acuerdos sobre compensación económica. En el plano teórico, coincidimos con lo sostenido por Vidal y Silva, en orden a que, al aprobar el acuerdo de compensación, el juez está llamado a pronunciarse sobre su contenido y a apreciar su suficiencia. En este sentido, señalan:

En aquella labor el juez debe resguardar el interés del cónyuge más débil, en términos que el acuerdo al que las partes arribaron efectivamente reconozca o establezca, a favor del cónyuge beneficiario, una compensación económica que cumpla con su cometido u objeto, es decir, que le permita corregir la carencia de medios económicos a causa de la terminación del matrimonio y, así, prevenir un empeoramiento futuro al rehacer su vida separada, pudiendo alcanzar una situación autónoma, todo según los criterios que establece el artículo 62 de la LMC 31.

31 VIDAL y SILVA (2024), p. 20.