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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

sustraído del régimen general del derecho común y le resulta aplicable un marco que exige la cogestión de los cónyuges o convivientes civiles, esto es, la concurrencia de una voluntad compleja para su administración o disposición.

Empero, el alcance de esta restricción varía según el régimen patrimonial adoptado por los cónyuges, pues se comportan de manera diferente en su aplicación práctica según se esté frente a la sociedad conyugal, participa-ción en los gananciales o separación de bienes. La gravitación presenta una especie de graduación, pues es mayor en los dos últimos, puesto que allí la administración es separada, de lo que se sigue que se restringen facultades que el régimen naturalmente no contempla, por lo que constituye una ex-cepción; en el caso de la sociedad conyugal, en principio su repercusión es menor, porque tratándose los bienes sociales inmuebles necesariamente se debe contar con la anuencia de ambos cónyuges, lo que es demostrativo de por sí de una administración conjunta o cogestión. En cambio, el escenario es diferente si se trata de un bien inmueble que pertenece al patrimonio del marido, de la mujer o del patrimonio reservado 8.

Aunque la institución de los bienes familiares muestra sus luces y virtu-des en este propósito de garantizar un soporte básico y fungir como núcleo elemental para los miembros de la familia, lo cierto es que su aplicación práctica no ha estado exenta de inconvenientes y desafíos, sobre todo en lo que se refiere al alcance respecto de terceros. En efecto, la exigua regulación de estos bienes ha contribuido a la creación de vacíos normativos, problemas interpretativos y falta de seguridad jurídica, dimensión que se materializa en varias cuestiones prácticas.

8 Eduardo Niño ha planteado que la trascendencia de los bienes familiares en el régimen de sociedad conyugal se distancia de la que se presenta en los otros regímenes. En efecto, los bienes sociales, del mismo modo que los bienes familiares, están sujetos a un régimen de administración conjunta. Los bienes sociales incluyen esta administración sobre todos los inmuebles que cual-quiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso, sin entrar a considerar su destino o uso habitual. En contraste, los bienes familiares se restringen a un único inmueble que debe estar destinado a ser la residencia principal de la familia. Además, mientras que los bienes sociales y los del marido se confunden y forman un solo patrimonio frente a terceros, los bienes familiares no comporten esta característica, y el cónyuge no propietario puede, si corresponde, oponer el beneficio de excusión frente a un acreedor. Vid.: NIÑO (1995), p. 285.