134

Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

prohibiciones, es decir, no se sanciona por el resultado sino por la infracción de los deberes y obligaciones que le asisten en virtud de su desempeño en el Ministerio Público 58-59.

Con todo, y estando convencido que de la manera expuesta ut supra se configura la responsabilidad disciplinaria de fiscales y funcionarios de la Fiscalía de Chile, esto es, con la comprobación de los tres presupuestos antes estudiados, sin necesidad de que, para estos efectos, se produzca un resultado específico, vale decir, un perjuicio o daño real y concreto para la institución o terceros, no veo razón para que la ausencia de tal daño o perjuicio, o su disminución –por ejemplo, al consignar el monto del daño causado al servicio– pueda ser tomada en cuenta al momento de conmensurar

58 Resolución FN/MP N°1526/2022, de 03 de noviembre de 2022, considerando 8°, letra e). Entiendo que, por el mismo motivo, el órgano de control ha establecido, en otro de sus dictá-menes, que no corresponde sobreseer a un funcionario que incurrió en una falta administrativa de hacer uso indebido de un teléfono celular, ya que no puede “considerarse como causal de extinción de la responsabilidad administrativa que asiste a aquel, que éste se allane a devolver el costo que significó dicho uso indebido mediante facilidades que le otorgue la autoridad, ya que este aspecto se refiere únicamente a la responsabilidad civil del mismo derivada de su infracción a los deberes funcionarios”. Dictamen N°36.523, de 03 de octubre de 2001. En los dictámenes N°46.746, de 24 de julio de 2013 y 36.256, de 07 de mayo de 2015, el ente contralor ha sido todavía más enfático, al señalar, a las claras, que la ausencia de daño o menoscabo económico al Servicio, “no es óbice para la aplicación de una sanción, si se encuentra acreditada la conducta”.

59 Si quisiéramos poner lo recién reflexionado en términos penales, diría que, para que surja la responsabilidad disciplinaria, basta con una puesta en peligro (abstracta) del bien jurídico protegido con la norma cuya infracción se imputa al fiscal o funcionario investigado. Llegado a este punto, cabe anotar que la doctrina administrativa más reciente, ha pretendido trasvasijar los elementos propios del derecho penal al ámbito disciplinario, agregando como elemento de la infracción administrativa la antijuricidad, acaso para excluir de responsabilidad a aquellos servidores públicos que actúan amparados en una causal de justificación. De ahí que los au-tores que enarbolan esta bandera sostienen que no es suficiente con que la acción u omisión reprochada transgreda alguna obligación, deber o prohibición, sino que además es preciso que dicha vulneración produzca una afectación, o a lo menos, la puesta en peligro del bien jurídico tutelado por la norma administrativa. En este sentido se pronuncian, por ejemplo, ALCARAZ (2023), pp. 147 y ss.; y LEÓN (2019), p. 620. El tortuoso camino que este sector de la doctrina ha escogido seguir, lo abandono yo, pues a la luz de mi propuesta pareciera ser suficiente con no dar por satisfechos los presupuestos de responsabilidad indicados en las letras b) y c), según los casos, para llegar al mismo resultado. En mi opinión, cuando tales autores incursionan sobre el tema, trastabillan en lo esencial: en delimitar correctamente el bien jurídico supuestamente tutelado, pues suelen hablar, indistintamente, del correcto funcionamiento de la Administración, sus bienes, su imagen, de la eficacia de la organización, etc., conceptos tan amplios y vagos que en definitiva son –digamos la verdad– todo y nada al mismo tiempo.