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Revista de Ciencias Sociales - Número 86 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los efectos de la ley de drogas en madres extranjeras y sus hijos

impuesta, las que pueden ser revocadas en el evento de ser incumplidas. La reforma también amplió el catálogo de penas sustitutivas: remisión con-dicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, prestación de servicios en beneficio de la comunidad y expulsión en caso de extranjeros. A la vez que estableció un catálogo de delitos excluidos respecto a los cuales no procedía la aplicación de penas sustitutivas.

El año 2016, en el contexto de la llamada “Agenda Corta Antidelincuen-cia”, se dispuso que, en el caso de los extranjeros, se permitiría la sustitución de una pena igual o inferior a 5 años por la expulsión del territorio, en el evento de que el condenado fuera “no residente legal” (además de establecer la prohibición de reingreso al país por un plazo de 10 años). La regulación de la expulsión tuvo detractores durante la discusión legislativa, tanto del mundo parlamentario como académico. Se sostuvo que la reforma implicaba la renuncia del fin de “prevención general de la norma” pues la expulsión no permitiría cumplir con la función disuasiva de las penas al constituir más bien “una real invitación a cometer delito”17. Por esto, el año 2021 se modifica la Ley N°18.216 en su artículo 34 introduciendo un nuevo inciso por el cual la pena sustitutiva de expulsión no se puede aplicar en el caso de personas condenadas por delitos sancionados en la Ley N°20.000.

En efecto, el artículo dispone:

Si el condenado a una pena igual o inferior a cinco años de presidio o reclusión menor en su grado máximo fuere un extranjero que no residiere legalmente en el país, el juez de oficio o a petición de parte, podrá sustituir el cumplimiento de dicha pena por la expulsión de aquél del territorio nacional. La sustitución se aplicará respecto del extranjero que resida legalmente en el país, a menos que el juez, fundadamente establezca que su arraigo en el país aconseje no aplicar esta medida, debiendo recabar para estos efectos un informe técnico al Servicio Nacional de Migraciones, el que deberá ser evacuado al tenor del artículo 129 de la Ley de Migración y Extranjería.

17 Ibid.