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Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Sobre el particular, es menester precisar que, en mi concepto, resulta indiferente si, atendida la naturaleza de la infracción de que se trate, tales actos u omisiones se realizan dentro o fuera de la fiscalía, o si los mismos tienen lugar en el ejercicio estricto de las funciones del fiscal o funcionario respectivo o si, incluso, aquello acontece al margen de ellas. Lo relevante es que constituyan un quebrantamiento de los aludidos deberes, obligaciones o prohibiciones.

En efecto, la redacción del inciso 1° del artículo 17 del Reglamento de Responsabilidad, que incide en esta materia, es amplísima:

Si el Fiscal Nacional o el funcionario en quien se haya delegado la atribución estimare que determinados hechos ocurridos en cualquier dependencia de la Fiscalía Nacional o de alguna de las Fiscalías Regionales, O que constituyan infracción a los deberes funcionarios, son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, ordenará mediante resolución, la instrucción de una investigación administrativa [énfasis añadido].

El artículo 36 del Reglamento confirma el principio referido, al señalar –también disyuntivamente– que “los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad disciplinaria (…) por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o que constituyan infracción a los deberes funcionarios (…)” [énfasis añadido]. La misma idea se reitera, en fin, en el artículo 38 del citado Reglamento.

No es ocioso insistir en que la regla asentada dependerá de la naturale-za de la infracción cometida. Así, el prototípico ejemplo de lo que vengo afirmando, se halla en el numeral 10 del artículo 33 del Reglamento de Per-sonal para Funcionarios y en el numeral 15 del artículo 37 del Reglamento de Personal para Fiscales, que obligan a aquéllos y a éstos observar una

que incumbe a estos últimos. Además, como ya se dijo, diversos cuerpos normativos –v.gr., leyes, reglamentos, instrucciones generales– contienen deberes y obligaciones específicas para fiscales y funcionarios.