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Revista de Ciencias Sociales - Número 86 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El incidente de mala fe del deudor ¿Un cambio de tuerca en la legislación concursal chilena?

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Lo anterior se demuestra en que, para iniciar los procedimientos con-cursales de reorganización judicial y extrajudicial, así como para solicitar la liquidación voluntaria de la empresa deudora, no es necesario acreditar insolvencia, cese de pagos o alguna otra demostración de situación patri-monial o económica desmejorada o en crisis.

Como consecuencia, se admitieron concursos meramente preventivos de una potencial insolvencia (donde no mediaba incumplimiento del deudor). Al respecto, la doctrina económica es proclive a este resultado 28, lo mismo que los autores que valoran el principio de conservación 29, y se opone, en cambio, al entendimiento del concurso como instrumento de última ratio 30.

Asimismo, el hecho de admitir el inicio de procedimientos concursales sin la concurrencia de un presupuesto procesal específico trajo consigo que el concurso se convirtió en un mecanismo paralelo para cobrar créditos, cumpliendo una lógica similar al juicio ejecutivo y al juicio ordinario. Lo anterior, era más claro si se compara con la legislación concursal anterior a la Ley N°20.720, contenida en el Libro IV del Código de Comercio, donde el inicio de las quiebras siempre requería de un presupuesto objetivo cali-ficado (asociado a un estado patrimonial desmejorado 31), situación que lo diferenciaba de las exigencias para comenzar procedimientos individuales de tipo ejecutivos u ordinarios.

Pues bien, en contraste con esa realidad normativa, la Ley N°20.720, dispuso que, para iniciar un procedimiento concursal de liquidación forzosa, el acreedor debía fundar su petición en alguna causal del artículo 117, que están asociadas al cese en el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo vencido con el solicitante (N°1), o bien, en la existencia de dos o más títulos ejecutivos vencidos sin que haya bienes para responder del crédito

28 HART (2009), pp. 159-161.

29 SANDOVAL (2014), pp. 39 y 40 y PUGA (2014), pp. 21-27.

30 JEQUIER (2010), pp. 17-22.

31 GÓMEZ (2003), p. 146.