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Dangeri Godoy Olivares

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Corte IDH ha señalado que los Estados deben adoptar medidas especiales de diligencia debida reforzada, por encima de los estándares establecidos para los casos en que las víctimas son mujeres adultas 118.

No se ha podido encontrar sentencias en las que la Corte IDH frente a casos de violación sexual concluya que dichos actos constituyen solo un tratamiento cruel, inhumano o degradante. En el caso de Loayza Tamayo vs. Perú, la Corte IDH declina calificar la supuesta violación sexual padecida por la víctima como un acto de tortura, no obstante considera que se acreditan las conductas que configuran un trato cruel, inhumano o degradante, pero haciendo referencia a otro tipo de conductas, distintas a la violación sexual como por ejemplo, la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el ais-lamiento en celda reducida, los golpes y otros maltratos 119.

El caso de Guzmán Albarracín vs. Ecuador es más discutible y polémico. Si bien la Corte IDH concluyó que la víctima fue objeto de acoso, abuso y acceso carnal, declinó calificar tales conductas como un supuesto de tortura, ya que consideró que a partir de los hechos no quedaban verificados todos los requisitos de la figura. Sin embargo, podríamos pensar que al no acreditarse todos los elementos de la tortura, la Corte al menos podría haber calificado estas conductas como un tratamiento cruel, inhumano o degradante, cuestión que no hizo. La Corte IDH concluyó que el Estado cometió una infracción a la integridad personal, pero considerada simplemente como una infracción general a este derecho 120.

Otra cuestión importante es el hecho de que la Corte IDH ha sancionado en diversas oportunidades a los Estados por casos de delitos sexuales cometidos por particulares mediante la aplicación de la aquiescencia o estándar de debida

118 MANTILLA (2024), p. 279.

119 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Serie C N°33, de 17 de septiembre de 1997, párr. 58.

120 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Serie C N°405, de 24 de mayo de 2020, párrs. 152, 168 y 169.