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Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

–de un plumazo, también aislado– que la Contraloría General de la República “admite que para que se configure la responsabilidad administrativa, debe existir algún daño”53.

Este último aserto es, sino derechamente errado, manifiestamente inexacto. En efecto, si bien la entidad controlara señaló en el mentado dictamen que las conductas antirreglamentarias del caso sub lite “no han producido un desmedro significativo para su institución empleadora ni un menoscabo en el cumplimiento normal de sus labores propias”54, no lo hizo para eximir al servidor público de su responsabilidad disciplinaria, por faltar uno de sus presupuestos esenciales o constitutivos –como insinúa Pallavacini–, sino que para atenuar o disminuir dicha responsabilidad. El párrafo en cuestión, sin mutilaciones, es literalmente este:

Si a lo anterior se agrega, por una parte, que los cargos contenidos en los numerales 2.- y 4.- de fojas 93, constituyen en esencia una misma anomalía, y por otra, que las inconductas de la peticionaria, al tenor del contenido de los autos sumariales, no han producido un desmedro significativo para su Institución empleadora ni un menoscabo en el cumplimiento normal de sus labores propias, es posible concluir que si bien la inculpada incurrió en acti-vidades improcedentes, que justifican aplicarle una sanción, ello no amerita la imposición de la medida disciplinaria de destitución, pues esta resulta desproporcionada en relación con la envergadura de aquellas 55.

Por esa razón, la Contraloría General de la República resolvió devolver los antecedentes a la superioridad respectiva, “a fin de que se someta a una nueva ponderación la situación de doña VL y se le imponga una medida disciplinaria proporcional a las faltas que cometiera”56 [énfasis añadido].

53 Ibid., p. 158.

54 Dictamen N°19.467, de 30 de mayo de 2000.

55 Ibid.

56 Ibid.