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Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

El estudio específico de cada obligación, deber o prohibición a que están sujetos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, lo reservaré, por su considerable extensión –aquí inabarcable– para otra oportunidad.

c) Que el fiscal o funcionario investigado tenga participación culpable en la infracción administrativa que se le reprocha

Es dable afirmar que la culpabilidad –en sede administrativa– constituye un juicio de reproche que se formula al fiscal o funcionario investigado, con el objeto de establecer si la conducta antirreglamentaria por él realizada –u omitida– puede atribuírsele subjetivamente. Sólo de este modo se cuenta con la seguridad de que los investigados responderán por aquello que efec-tivamente estuvo dentro de sus posibilidades de previsión al momento de actuar –u omitir 28. En mi opinión, este juicio de reproche debe dirigirse a constatar tres elementos fundamentales: ante todo, si el fiscal o funcionario obró con culpa o dolo (culpabilidad en sentido estricto); si tenía aptitud o capacidad para comprender lo que hacía (imputabilidad); y, en fin, si pudo obrar diversamente, atendidas las circunstancias del caso (exigibilidad de otra conducta)29. El primer elemento supone que el fiscal o funcionario ha actuado con la intención de infringir sus deberes, obligaciones o prohibiciones (dolo), o bien, que los ha transgredido amén de su negligencia o impericia (culpa); la imputabilidad, implica que el fiscal o funcionario posee madurez mental y salud psíquica que le permite conocer sus deberes, obligaciones y prohibiciones 30; y, por último, la exigibilidad se traduce en que el fiscal

28 ALCALDE (2011), p. 75.

29 Así también, entre nosotros, MONTERO (2015), p. 135 y CELIS y BARRA (2011), p. 3. En España, de la misma opinión, MARINA (2015), pp. 80 y 81.

30 El órgano contralor ha señalado reiteradamente que “en el evento de que en un proceso sumarial se adviertan antecedentes para considerar que un inculpado se encuentra en estado de una presunta anormalidad psíquica, que podría eximirlo de la responsabilidad administrativa que le asiste con motivo de las irregularidades funcionarias en que ha incurrido, cualquiera sea la naturaleza de éstas, debe requerirse, antes de decidir aplicar una sanción, un informe de la respectiva COMPIN, acerca del estado de salud mental del sumariado durante la época en que se cometieron las faltas, y la influencia que éste haya tenido en su facultad de obrar libre y racionalmente”. Dictamen N°12.577, de 1 de marzo de 2011, con cita al dictamen N°42.217, de 17 de octubre de 2002, que a su vez agrega a lo dicho: “En el evento que la Comisión de