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Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

La idea general se especifica en los artículos 5° y 36 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (en lo que sigue, Reglamento de Responsabilidad o simplemente el Reglamento)6, y en el artículo 45 de la Ley Orgánica 7-8.

En todo caso, no debe perderse de vista que el principio de responsabilidad administrativa informa, en general, a todo el sector público 9.

6 Texto aprobado por Resolución FN/MP N°700, de 19 de mayo de 2020. Prescribe el inciso 1° del artículo 5° del mentado Reglamento que “El personal que infrinja sus obligaciones o deberes funcionarios incurrirá en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la civil o penal que pueda afectarle” [énfasis añadido], a lo que añade su inciso 2° que “Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser establecida mediante una investigación administrativa” [énfasis añadido]. El artículo 36 del citado cuerpo reglamentario establece, a su turno, que “Los fiscales del Ministerio Público tendrán respon-sabilidad disciplinaria en conformidad a la ley y a las normas del presente reglamento, por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o que constituyan infracción a los deberes funcionarios, la que se hará efectiva sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que de dichos actos pudiere generarse”.

7 Enfatiza esta disposición que “Los fiscales del Ministerio Público tendrán responsabilidad civil, disciplinaria y penal por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de confor-midad a la ley” [énfasis añadido].

8 Cabe hacer notar que el inciso 2° del artículo 48 de la Ley N°19.640, extiende a los abogados asistentes las normas sobre responsabilidad de los fiscales, en lo que respecta a las actuaciones que aquéllos realizan en virtud del inciso 3° del artículo 2° de dicha ley (facultades delegadas), de los incisos 2° y 3° del artículo 132 (facultades en la audiencia de control de detención), del artículo 132 bis (apelación de la ilegalidad de la detención), del artículo 190 (declaración de testigos ante abogados asistentes) y del inciso 1° del artículo 191 (advertencia al testigo de su deber de comparecer al juicio oral y de indicar cualquier cambio de domicilio, a propósito de la prueba anticipada), todos del Código Procesal Penal. Del mismo modo, los abogados asistentes que suplen o subrogan a fiscales adjuntos en los términos del artículo 40 de la Ley Orgánica, quedan sujetos a sus mismas obligaciones y deberes y, por consiguiente, se rigen también por las normas de responsabilidad administrativa aplicables a estos últimos, en tanto dure la respectiva suplencia o subrogancia. A su vez, el inciso 2° del artículo 1° del Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público, texto aprobado por Resolución FN/MP N°1.364, de 30 de mayo de 2024 (en adelante, el Reglamento de Personal para los Funcionarios), establece que “los funcionarios que desempeñen funciones de abogado asistente se regirán por el Reglamento de Personal para Fiscales en las materias correspondientes, tales como responsabilidad…” [énfasis añadido], al tiempo que el inciso 2° del artículo 1° del Reglamento de Personal para los Fiscales del Ministerio Público, texto aprobado por Resolución FN/MP N°819, de 26 de abril de 2023 (en lo que sigue, el Reglamento de Personal para los Fiscales), refuerza la misma idea.

9 Este principio se encuentra genéricamente establecido en los artículos 6°, 7° y 38 de la Constitución Política; también en el artículo 18 de la Ley N°18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, y en el artículo 119 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Admi-