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Nicolás Carrasco Delgado

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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una reorganización se busca favorecer la subsistencia del deudor, de modo quela conversión opera como un incentivo al deudor al darle más de una oportunidad para reorganizarse.

Esta posibilidad de conversión ocurre en dos oportunidades. La primera acontece cuando el deudor se acoge al procedimiento concursal de reorga-nización judicial durante la audiencia inicial del procedimiento concursal de liquidación, según el artículo 120 N°2 letra a) de la Ley N°20.720. Esta opción es una alternativa dominante del deudor porque a la fecha de optar por acogerse al acuerdo de reorganización judicial no requiere contar con ningún porcentaje de apoyo de los acreedores. A pesar de ello el deudor accederá a dos beneficios: por una parte, demorará la declaración de liquidación, la que sólo podrá decretarse una vez que no se logren los quórum para aprobar un acuerdo de reorganización judicial (artículo 96 de la Ley N°20.720); y, por otra parte, se verá beneficiado con la protección financiera concursal que lo inmuniza respecto de cualquier ejecución que se inicie en el futuro, suspendiendo, además, las ejecuciones ya iniciadas 39.

La segunda oportunidad para acceder al procedimiento concursal de reorganización judicial en el marco de un procedimiento concursal de liqui-dación se extiende hasta que se notifique la nómina de créditos reconocidos (artículo 257 de la Ley N°20.720). En este caso, nuevamente existe una posición dominante del deudor porque la ley ordena que presentada esta

liquidación refleja. Este derecho de oposición no es posible de ser invocado, cuando el deudor es el que solicita la conversión procedimental desde el procedimiento concursal de liquidación al procedimiento concursal de reorganización.

39 La Ley N°20.720, describe la protección financiera concursal, en su artículo 1 N°31, enten-diéndola como: “aquel período que esta ley otorga al deudor que se somete al Procedimiento Concursal de Reorganización, durante el cual no podrá solicitarse ni declararse su liquidación, ni podrán iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en los juicios de arrendamiento. Dicho período será el comprendido entre la notificación de la Resolución de Reorganización y el Acuerdo de Reorganización Judicial, o el plazo fijado por la ley si este último no se acuerda”. Al respecto, el profesor Gonzalo Ruz, señala que la protección financiera legal corresponde a una “prerrogativa legal, automática e irrenunciable, esto ya que existe como un incentivo para que la empresa deudora que busca su reorganización pueda mantenerla en funcionamiento.” RUZ (2017), p. 256.