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Revista de Ciencias Sociales - Número 86 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los presupuestos que configuran la responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios del Ministerio Público

o funcionario, en el caso concreto, estaba en condiciones de actuar de otro modo, esto es, de ajustar su conducta a las disposiciones legales y regla-mentarias que lo rigen.

En suma, la responsabilidad administrativa por la comisión de un injusto disciplinario sólo podrá predicarse respecto de aquel fiscal o funcionario que, teniendo capacidad para comprender lo que hacía, y de adecuar su comportamiento a las normas vigentes, actúa, no obstante, dolosa o culpo-samente, pudiendo hacerlo de otra manera, en contra de tales prohibiciones o prescripciones.

Ahora bien, concretando las proyecciones de este último presupuesto –que en doctrina suelen incardinarse en el así llamado “principio de culpa-bilidad”– es preciso anotar que, en materia de responsabilidad disciplinaria, al igual que como sucede en el campo del derecho penal, no existe la así denominada responsabilidad objetiva (artículo 19 N°3 inciso 7° de la Carta Magna). Esto quiere decir, como recién sugería, que toda infracción admi-nistrativa y su sanción habrá de descansar siempre en el dolo o culpa del fiscal o funcionario investigado 31.

Medicina Preventiva e Invalidez que corresponda establezca que al momento de incurrir en las irregularidades de la que se le acusa, el inculpado de la especie no poseía el suficiente juicio y discernimiento como para imputarle responsabilidad por aquellas, se deberá ordenar la invalidación de la respectiva resolución sancionatoria, disponiéndose luego la absolución o el sobreseimiento del inculpado, según sea el caso, sin perjuicio de que luego se proceda a solicitar a esa misma Comisión individualizada un nuevo informe, a fin de que se pronuncie acerca de si el estado de salud del encausado es o no recuperable, y, de no serlo, se tendrá que poner término a sus funciones de conformidad con las normas contenidas en la Ley N°18.834”. Véase, también el dictamen N°22.927, de 6 de mayo de 2004.

31 Cfr. CORDERO (2014), p. 251.