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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

En consecuencia, cualquier interpretación que pretenda extender los efectos del beneficio de excusión más allá de estos límites resultaría contraria a la intención legislativa y al principio de seguridad jurídica que rige en nuestro ordenamiento 65.

En síntesis, el beneficio de excusión cumple con el propósito de posponer el embargo y la ejecución del bien declarado como familiar, y condiciona dicha posibilidad solo para el caso de inexistencia de otros bienes para tal fin. Sin embargo, su eficacia está subordinada frente a los acreedores cuyo título consta que es anterior a la época de afectación del bien como familiar, en términos tales que éstos se hacen merecedores de una mayor tutela jurí-dica por estar mejor posicionados desde el punto de vista temporal. De esta suerte, los acreedores preexistentes no ven diezmado su derecho de garantía general ni son alcanzados o perjudicados por la declaración de bien familiar y el subsecuente beneficio de excusión, lo que es congruente con la certeza y seguridad jurídica que el ordenamiento jurídico debe garantizar.

Para finalizar esta sección, se habrá observado una permanente tensión entre la incompleta y defectuosa regulación de los bienes familiares y la necesaria protección jurídica de los terceros; tanto la omisión por casos no previstos por el legislador como la aplicación literal de ciertos mandatos conllevan al riesgo de desmejorar la condición de estos últimos, sobre todo a partir de la alteración sobreviniente de situaciones jurídicas que, normal-mente, les son imposible de conocer; esencialmente, la carencia palpable de requisitos de publicidad dentro del sistema registral atenta con la pretensión de seguridad en el marco del tráfico jurídico.

Pese a los destacados avances que se han montado en virtud de la práctica forense y la actividad jurisprudencial en materia de seguridad jurídica para los terceros, tampoco puede, por otro lado, desatenderse el hecho de que su fundamento estriba en la protección de la familia como bien jurídico prote-gido. Esta tutela, que tiene reconocimiento positivo tanto en la Constitución

65 Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol Nº858-2024, de 2 de septiembre de 2024.