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Nicolás Carrasco Delgado

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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neral, en materia concursal 82, y sirve para determinar la procedencia de la condena penal asociada al quinto supuesto de procedencia de la declaración de mala fe 83. Con todo, ese mecanismo de valoración no es el que rige en materia procesal civil 84.

Por otra parte, la sentencia que se dicte en este incidente tendrá la natura-leza de una sentencia interlocutoria de primer grado, al resolver un incidente y establecer derechos permanentes para las partes (artículo 158 inciso 3 Código de Procedimiento Civil)85, toda vez que,como consecuencia de la sentencia que declara la mala fe tanto ese sujeto como los acreedores tienen certeza definitiva acerca que se extinguirán o no todos o partes de los saldos insolutos que no hayan sido satisfechos con la liquidación.

Asimismo, según se indicó, la resolución que determina la mala fe del deudor debe establecer si la no extinción de los saldos insolutos será total o bien “sólo se extinguirán un porcentaje a prorrata respecto de todos los acreedores” (artículo 255 inciso 2° de la Ley N°20.720). Esta última norma hace operativa la declaración de mala fe del deudor, al disponer que el efecto extintivo podrá extenderse más allá de las obligaciones mencionadas, a todas aquellas obligaciones comprendidas en la resolución que declara esa mala fe, siempre que tengan carácter dinerario 86, porque aquellas que no posean esa naturaleza, no podrán ser verificadas en la liquidación.

Sobre esta materia, Alarcón ha criticado que la norma señale que el juez tendrá la potestad discrecional de disponer una extinción parcial de los saldos insolutos. De hecho, ha planteado que ese efecto sería contradictorio con

82 Por ejemplo, rige ese sistema de valoración de prueba, en materia de objeción de la cuenta final del liquidador según el artículo 52 N°7 letra e) de la Ley N°20.720; a propósito de la decisión a ser adoptada en el juicio de oposición de acuerdo con el artículo 126 inciso final de la Ley N°20.720; respecto de la resolución de controversias que se susciten entre el deudor, el liquidador y otros interesados, según lo dispone el artículo 131 de la Ley N°20.720.

83 Artículo 297 Código Procesal Penal.

84 Donde rige el estándar de preponderancia de prueba, véase: FUENTES (2020), pp. 58 y 59.

85 COLOMBO (1997), p. 477.

86 PUGA (2014), pp. 361-366.