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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

la declaración de bien familiar impide la enajenación o gravamen del inmue-ble objeto de tal declaración, y la promesa de dichos actos, relativo a ese inmueble, efectuada voluntariamente, por uno de los cónyuges, prohibición que surte sus efectos desde que se practica su inscripción provisionalmente en el conservador de bienes raíces competente, una vez presentada [interpuesta] la demanda que persigue dicha declaración de bien familiar 28.

Como se puede apreciar, para la Corte Suprema, la eficacia de la de-claración de un bien como familiar y la aplicación de su estatuto jurídico solo adquiere plena eficacia respecto de terceros desde el momento en que la resolución que así lo ordena se practica en el CBR, lo que es consistente con la interpretación de que la inscripción es otra condición necesaria que actúa como formalidad por vía de publicidad de carácter sustancial para que surta efectos con relación a los terceros.

2.2. Constitución de derechos reales sobre los bienes familiares

Una materia que ha sido controversial a nivel doctrinal y jurisprudencial se refiere a la eficacia de los derechos reales constituidos frente a la transfor-mación del bien inmueble familiar. La problemática versa sobre la eventual erosión que pueden sufrir los acreedores por la constitución de derechos reales sobre bienes ya afectados como inmuebles.

El punto de partida se encuentra en la regulación y el alcance del artículo 147 del Código Civil. Dicha disposición prescribe que:

durante el matrimonio, el juez podrá constituir, prudencialmente, a favor del cónyuge no propietario, derechos de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares. En la constitución de esos derechos y en la fijación del plazo que les pone término, el juez tomará especialmente en cuenta el interés de los hijos, cuando los haya, y las fuerzas patrimoniales de los cónyuges. El tribunal podrá, en estos casos, fijar otras obligaciones o modalidades si así pareciere equitativo. La declaración judicial a que se refiere el inciso

28 VERDUGO (1999), p.109.