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Revista de Ciencias Sociales - Número 86 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los bienes familiares: Entre la protección de la familia y la incerteza para los terceros

la finalidad prevista en el artículo 141 del Código Civil, con el propósito de embargarlo, rematarlo, disponerlo o usarlo sin gravamen o limitación alguna. A modo de ejemplo, puede pensarse en la desidia o indiferencia de los cónyuges en la obtención de tal desafectación; no habría razón para vedarle al tercero esta posibilidad si de ello puede resultar una vulneración en sus derechos, especialmente si la norma comentada no lo prohíbe, y si tienen reclamaciones legítimas o intereses en el bien familiar 54.

En segundo lugar, si el bien inmueble no está cumpliendo la función prevista en la ley, los terceros interesados podrán solicitar la desafecta-ción debido a la ausencia de funcionalidad de la institución y la necesidad de desembarazar el bien para facilitar el tráfico jurídico de éste. A estos dos argumentos, puede agregarse que el texto expreso del arttículo 145 no menciona a los terceros, sin embargo, de ello no se sigue que no pueden ser titulares de la desafectación, en especial si con ello se sigue perjuicio a sus intereses legítimos o se contribuye a la creación de situaciones antijurídicas, pues evitar su titularidad podría ir en detrimento de su condición jurídica.

Sin perjuicio de lo razonado hasta aquí, sendos argumentos podrían refutarse esgrimiendo que la reglamentación de los bienes familiares es un estatuto excepcional, por lo que le corresponde un tratamiento de derecho estricto; de aceptar esto así, la falta de reconocimiento positivo para que un tercero pueda solicitar la desafectación del bien familiar, conduciría forzo-samente a entender que no está legitimado para ello.

La objeción anterior es, empero, hasta cierto punto aceptable. Es verosí-mil que el estatuto de los bienes familiares es excepcional y que, en varios aspectos, se distancia de la regulación común, especialmente en atención a la finalidad perseguida por el legislador; ahora bien, esto no es suficiente para conferir validez a las consecuencias que se indicaron.

54 Vid.: COURT (2009), p. 125.