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Revista de Ciencias Sociales - Número 86 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El incidente de mala fe del deudor ¿Un cambio de tuerca en la legislación concursal chilena?

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de recuperación de los acreedores 25. Las fuerzas opuestas operan en una ley concursal severa, la que demorará la entrada al concurso, pero incentivará al deudor a un mayor esfuerzo en cumplir sus obligaciones.

Tal es la cuestión fundamental que enfrenta la ley concursal y se manifiesta en la última reforma a la ley chilena, la que busca incorporar mecanismos pro-acreedores, limitando el efecto extintivo de los saldos pendientes. Esa reforma entrega un contenido sancionatorio a ese procedimiento, al mismo tiempo que implementa otras medidas para que ese carácter duro no perju-dique el inicio de los procedimientos concursales.

Si miramos este asunto desde los costos del error concursal, se aprecia que una legislación pro-acreedora favorece la producción de mayores costos del error de tipo I (liquidar al deudor solvente); mientras una legislación pro-deudora, es proclive a mayores costos del error de tipo II (reorganiza al deudor insolvente). Así, si en un caso concreto la mejor solución es la reorganización, entonces, un sesgo que favorece la generación de costos concursales de tipo I, podría terminar conduciendo a una liquidación si el deudor no logra derrotar las limitantes para la reorganización 26.

Al respecto, son variadas las maneras en que la ley concursal puede favo-recer uno u otro tipo de costo del error. Así, habrá casos claros donde la ley beneficia alguno de esos costos, por ejemplo, cuando incentiva el inicio del concurso otorgando preferencias al acreedor instante 27. En otras situaciones, los incentivos son más sutiles estableciendo una mayor exigencia de requisitos para comenzar un procedimiento en comparación con las exigencias para incoar otro, favoreciendo aquel que presenta menores requisitos de entrada.

25 BAIRD (1997), pp. 1-48 y AGHION et al. (1994), pp. 849-877.

26 CARRASCO (2020), pp. 4-8.

27 Como la preferencia que adquiría en el derecho español el crédito ordinario del acreedor que solicitaba la liquidación y que transformaba en crédito preferente el 25% del crédito ordinario (artículo 91.6 de la ley concursal previo a la reforma del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo).