130

Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

La Corte Suprema ha reconocido, en fin, que en el ilícito disciplinario, “principios de tanta relevancia como la reserva legal o la tipicidad, ceden ante la regulación legislativa de ilícitos configurados de forma de tipos abiertos, indeterminados y, en ocasiones, en blanco”46.

Pese a lo dicho, considero que tales proclamaciones no debieran significar o llevar a pensar que el legislador o, en nuestro caso, el Fiscal Nacional, esté lisa y llanamente dispensado de incluir en las respectivas leyes o reglamentos, según corresponda, las conductas que se buscan desincentivar, aunque –en razón de la multiplicidad de hipótesis fácticas que, en la práctica, pueden entrar en colisión con las finalidades del servicio– se haga, como se dijo, de forma genérica. Es deseable, sí, que fiscales y funcionarios conozcan de antemano y con la mayor precisión posible el ámbito de lo prohibido y las sanciones que se seguirán de sus actos u omisiones. Por eso, si bien resulta admisible que en el ámbito disciplinario las conductas reprochables se describan utilizando conceptos más laxos o amplios que los autorizados en materia penal –de suerte que dejarán a la Autoridad respectiva un vasto margen de discrecionalidad en su apreciación–, tales conceptos –en un ideal teórico– debieran provenir de una pluma que permitiera a cualquier fiscal o funcionario prever razonablemente y con un mínimo grado de certeza, las notas esenciales de las conductas constitutivas de la infracción administrativa de que se trate y su ulterior consecuencia 47-48.

46 Corte Suprema, Rol N°18.823-2019, de 2 de marzo de 2020 (considerando 8°). En el mismo sentido, Corte Suprema, Rol N°832-2022, de 22 de agosto de 2022 (considerando 3°).

47 En palabras de los ministros Bertelsen, Venegas y Navarro, contenidas en el voto disidente de la sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°747 (774)-2007, de 31 de agosto de 2007, ya citada: “(…) Resulta aplicable el principio de tipicidad en materia disciplinaria jurisdiccional (…). Ello obliga a la descripción de conductas ciertamente más genéricas, dado que no resulta posible la previsión de todas y cada una de las transgresiones, las que en todo caso en su núcleo esencial estarán siempre determinadas en la ley [o, en nuestro caso, en el o los reglamento (s) emanado(s) del Fiscal Nacional]. En el mismo sentido, con referencia al caso español, se pronuncian MARINA (2015), pp. 54, 56 y 57; y LEÓN (2019), p. 618.

48 En todo caso, parece plausible sostener que la tipicidad, como garantía para el investigado, se concreta en el deber que pesa sobre el investigador, al momento de formular los cargos, de “indicar los hechos que se imputan al fiscal o funcionario investigado en forma clara y precisa,