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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

como por uno o ambos convivientes civiles, sin perjuicio de poder ser im-pugnada por el cónyuge no declarante como por un tercero en general ante el tribunal de familia respectivo. En todo caso, la declaración extrajudicial normalmente emanará del cónyuge o conviviente civil no propietario. La función de esta declaración solemne es condición necesaria para la consti-tución del bien familiar, pero no es suficiente para que la afectación tenga efectos respecto de terceros.

Dado que la sociedad constituye una persona jurídica distinta de los miembros que la componen, la razón de la ley es evitar el ocultamiento del bien inmueble amparado en la separación patrimonial de la persona natural y jurídica, ya que suele acaecer que por razones de orden tributario o mercantil el bien inmueble es traspasado a la sociedad como si se tratara de una especie de propiedad indirecta; dicho en otros términos, se levanta el velo al que pertenece el bien inmueble y se permite, indirectamente, su afectación. Por esta razón, se ha sostenido que,

la norma tiene por objeto, como lo sostiene parte de la doctrina —así lo explicaremos—, la afectación de una especie de propiedad indirecta del cónyuge socio sobre el inmueble. Se interpone entre aquella y este, la socie-dad, que es formalmente la propietaria. El cónyuge es titular —dueño— de derechos y acciones sociales en esa sociedad, no así al menos directamente, de tal inmueble 45.

A continuación, la disposición realiza un distingo para efectos de la anotación y la inscripción, a saber: sociedades de personas que tienen ins-cripción social; sociedades de personas que no tienen inscripción social; y sociedades anónimas que tienen registro de accionistas 46.

45 BRANTT y VIDAL (2017), p. 40.

46 Si bien es cierto que el legislador no distingue qué clases de sociedades son las que caben en el supuesto normativo, en términos tales que puede entenderse a partir de una noción amplia u omnicomprensiva, los autores han realizado un esfuerzo delimitador en orden a circunscribir las sociedades que se subsumen en la prescripción. En este sentido, se han establecido criterios que actúan como bisagra. Vid.: Ibid., pp. 46 y 47.