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Revista de Ciencias Sociales - Número 86 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los presupuestos que configuran la responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios del Ministerio Público

definitiva, en esta sede –la disciplinaria– no existen “tipos administrativos”, sino simplemente un conjunto de deberes, obligaciones y prohibiciones a que están sujetos los servidores públicos 42.

El órgano contralor ha ido aún más lejos, al señalar reiteradamente que el principio de tipicidad “(…) no ha sido establecido en sede administrati-va, dado que el ejercicio de la potestad sancionadora no se enuncia a través de un listado de conductas, sino que por medio de un catálogo de deberes, prohibiciones y obligaciones”43 [énfasis añadido].

En la misma línea, el Tribunal Constitucional ha declarado que el principio de tipicidad no es de recibo –al menos con rigor– en el campo disciplinario 44.

Resumiendo, ambas posturas, Cordero ha concluido que “en relación con la responsabilidad administrativa de los funcionarios, la jurisprudencia constitucional y administrativa ha establecido que no resulta aplicable el principio de tipicidad, el cual es sustituido por una regla de previsibilidad conforme a los deberes que vienen impuestos por sus respectivos estatutos”45.

imprecisión en las normas tipificadoras” [énfasis añadido]. MARINA (2015), p. 54. La razón de la relajación de este principio en el ámbito disciplinario se halla, según León, en el especial conocimiento que deben tener los servidores públicos de sus deberes y funciones, en atención al lugar que ocupan dentro de la Administración. En sus propias palabras: “Este alcance diferente del principio de tipicidad [a modo de parangón con el que rige en materia penal] tiene su base en que la naturaleza o el contenido jurídico de la relación de sujeción especial permite una más fácil predicción de aquellas conductas y sanciones; con mayor lógica cuando se trate de empleados públicos, que se insertan físicamente y de manera duradera en la Administración y a quienes se les exige un especial conocimiento de la normativa relativa a sus funciones”. LEÓN (2019), pp. 612 y 618.

42 ALCARAZ (2023), pp. 131 y 132.

43 Dictámenes N°28.904, de 11 de noviembre de 2019; 13.852, de 20 de abril de 2017; 58.678, de 01 de agosto de 2014; y 78.839, de 27 de diciembre de 2010 (con cita a los criterios conte-nidos en los dictámenes N°8.281, de 2001 y 58.851, de 2004).

44 Tribunal Constitucional, Rol N° 747 (774)-2007, de 31 de agosto de 2007 (considerandos 17° y ss., y, especialmente, el 24°): “Que, en consecuencia, ni en el lenguaje, ni en el espíritu del inciso final del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, interpretado a la luz de los elementos gramatical, lógico, sistemático e histórico, es posible encontrar base de sustentación a la tesis de la requirente de que la garantía de tipicidad, propia del derecho penal, debe aplicarse sin más y con rigor a las sanciones del ámbito disciplinario (…)”.

45 CORDERO (2014), p. 250.