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Revista de Ciencias Sociales - Número 86 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los bienes familiares: Entre la protección de la familia y la incerteza para los terceros

principio de legalidad en su vertiente positiva que tiene cabida en el derecho de familia, pues solo se autoriza la actuación de los particulares en tanto ésta se encuentra expresamente permitida por la ley. Por consiguiente, frente al vacío normativo de la constitución de los bienes familiares en la comunidad, la resolución decanta por su negativa al no estar expresamente previsto.

Aunque ninguno de los considerandos lo señala expresamente, se des-prende una cierta reluctancia hacia esta posibilidad, con toda seguridad fundada en los problemas prácticos que genera la inclusión de un tercero en la titularidad dominical del bien familiar distinto del cónyuge propietario, motivo por el cual la judicatura opta por vedar esta contingencia, priorizar la estabilidad del estado de comunidad y el respeto del derecho cuotativo anterior a la declaración de bien familiar. La conclusión previa se ve reforzada también por la dificultad o el entorpecimiento que este estado de indivisión alcanza sobre el bien familiar, en especial, porque no resulta del todo exacto

de qué forma se pueda cumplir con la finalidad de la institución en orden a dotar a la familiar de una residencia estable y permanente en este supuesto, toda vez que cualquiera de los otros copropietarios del inmueble pueden solicitar el cese gratuito del bien raíz, bastando su sola reclamación (art. 655 del Código de Procedimiento Civil)42.

Lo anterior tiende no solo a propiciar incerteza para los cónyuges, sino que también para los terceros, y en general, para la estabilidad y armonía familiar.

2.4. La afectación de bienes muebles y la falta de publicidad respecto de terceros

El artículo 141 del Código Civil establece que son susceptibles de ser declarados bienes familiares “los bienes muebles que la guarnecen [la resi-dencia principal de la familia]” por lo que se someten a este estatuto jurídico. Luego, la interposición de la demanda y la subsecuente orden de inscripción

42 CÉSPEDES (2023), pp. 684 y 685.