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Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Todo lo anterior debe entenderse sin desmedro de las normas especiales que consultan otros reglamentos 15.

Cabe asimismo apuntar que la normativa interna del Ministerio Público contempla procedimientos distintos –aunque con los matices de rigor, en cierto modo semejantes 16–; en cualquier caso, investigaciones administrativas –¡que no sumarios!–, según se trate de indagar la responsabilidad discipli-naria de fiscales o, en su caso, de funcionarios. En consecuencia, al interior de la Fiscalía de Chile no existen las así llamadas investigaciones sumarias y los sumarios administrativos, que sí consulta, de forma diferenciada, el Estatuto Administrativo 17.

15 Como sucede, v.gr., con el Reglamento de Vehículos, que faculta excepcionalmente al Director Ejecutivo Nacional o regional, según los casos, para instruir y resolver una investi-gación administrativa, en las hipótesis previstas en sus artículos 17 y 23. Véase, Oficio FN N°711/2020, p. 3.

16 Para comprender este aserto, es necesario tener presente la regla de remisión establecida en el inciso 1° del artículo 35 del Reglamento de Responsabilidad, que encabeza el Título IV, y que lleva por rótulo: “De las disposiciones aplicables a los fiscales”. Con arreglo a esta disposición, las normas de los títulos anteriores –esto es, las referidas a los funcionarios– se aplican también a las investigaciones administrativas seguidas en contra de fiscales, en todo lo que no se oponga a las disposiciones especiales que los rigen.

17 Las investigaciones sumarias y los sumarios administrativos acusan, entre otras, las si-guientes diferencias: a) la investigación sumaria tiene por objeto la indagación de infracciones menores, atendido lo cual, salvas las excepciones legales, no es posible aplicar por esta vía la destitución; en cambio, el sumario administrativo se destina a pesquisar las infracciones de mayor gravedad, pudiendo aplicarse cualquier sanción (de las previstas en la ley), incluida la destitución; b) la investigación sumaria requiere la designación de un fiscal instructor, no siendo obligatorio contar con un actuario; en cambio, el sumario administrativo supone necesariamente la participación de ambos funcionarios, y; c) los plazos y formalidades en uno y otro caso son diversos, siendo más extensos y rigurosos los del sumario administrativo. Véase, por todos, CELIS (2019), pp. 185 y ss., y 239 y ss. Cabe destacar que en la tramitación parlamentaria de la Ley N°19.640, se evaluó expresamente la posibilidad de establecer al interior del Ministerio Público una investigación sumaria para las infracciones menores y un sumario administrativo para las más graves, indicación que fue rechazada en el segundo informe de la Comisión Técnica del Senado, esgrimiéndose al efecto que “la experiencia ha demostrado que tales procedimien-tos entorpecen, en muchas ocasiones, una buena administración (…), lo que no obsta a que se contemple un procedimiento, pero debería estar revestido de la suficiente flexibilidad para evitar que un fiscal negligente se perpetúe en el cargo, como ocurre en la actualidad en el sector público”. OTERO (2002), pp. 118 y 119. Una crítica a este diseño normativo ofrece Crisosto, para quien, al preverse un único procedimiento administrativo –y no, diferenciadamente, una investigación sumaria y un sumario administrativo– se corre el riesgo de mancillar el principio de proporcionalidad, ya que se rigidiza el abanico de sanciones posibles, con independencia