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Revista de Ciencias Sociales - Número 86 (2025) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Los presupuestos que configuran la responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios del Ministerio Público

Constituye un lugar común en la doctrina administrativa la afirmación de que la responsabilidad disciplinaria dura mientras subsista el vínculo con la Administración y termina con la extinción de ella, de manera tal que, si se detecta una eventual responsabilidad administrativa en relación con un servidor público que legalmente ha dejado de serlo, por haber cesado en su cargo, esa responsabilidad ya no podría perseguirse 20.

Dicho en otras palabras: si un fiscal o funcionario deja de serlo por cual-quier causa, antes de que se inicie un procedimiento disciplinario en su contra, no resulta procedente indagar su eventual responsabilidad administrativa.

Empero, si la investigación disciplinaria se encontrare ya en tramitación 21 y el fiscal o funcionario investigado cesara en sus funciones, el procedimiento debe continuar hasta su normal término, para el sólo efecto de registrar la sanción que el mérito de la investigación administrativa determine, pues así lo establece el artículo 34 inciso final del Reglamento de Responsabilidad. Coherente con ello, los artículos 26, inciso 3º, y 45, inciso 4º, del citado reglamento, permiten formular cargos únicamente respecto de aquellos in-vestigados que, al momento de ordenarse la instrucción de una investigación administrativa, pertenezcan a la institución.

Desde otro punto de vista, cabe tener presente que a los funcionarios que prestan servicios sobre la base de honorarios, no les resultan aplicables las normas contenidas en el Reglamento de Responsabilidad, sino que ellos

20 Véase, por todos, MONTERO (2015), p. 133.

21 El órgano contralor ha interpretado el alcance de la expresión “se encontrare en tramitación”, contenida en el artículo 147, inciso final, del Estatuto Administrativo, en el sentido que ella se refiere “al instante en que se emite la resolución que ordena la instrucción del respectivo proceso sumarial” (dictámenes N°39.763, de 24 de junio de 2011; 61.077, de 02 de octubre de 2012; y 28.705, de 18 de abril de 2016), momento que, en el caso del Ministerio Público, comienza con la dictación de la “resolución de apertura o de inicio”, esto es, aquella que emana de la autoridad respectiva, y por la cual se instruye la correspondiente investigación disciplinaria. Será ésa, entonces, y no otra, la oportunidad a la que habrá de estarse para establecer si un determinado procedimiento se encuentra o no en tramitación y si, en consecuencia, es posible indagar la eventual responsabilidad administrativa del fiscal o funcionario que ha cesado en su cargo.