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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

que dispone el juez solo tiene eficacia con relación al bien inmueble, de modo que no hay pronunciamiento legal expreso acerca de la suerte que corre esta otra clase de bienes. En efecto, “atendido que los bienes muebles que guarnecen el hogar común no están sometidos a un sistema registral, cabe reiterar que el legislador no ha podido establecer subinscripción alguna”43.

En términos generales, esto no parece ser algo anómalo dentro del orde-namiento jurídico. Normalmente no existe un mecanismo institucionalizado de carácter general y público que ponga en conocimiento de terceros las limitaciones o gravámenes que afecten a los bienes muebles. Así las cosas, normalmente se carece de tales registros públicos, por lo que en la práctica se torna ineficaz o imposible de controlar la constitución y circulación de bienes muebles familiares. Esto se ve confirmado porque “por el hecho de no estar registrados, también presentarán dificultades a los terceros para conocer la situación que presentan [los bienes muebles]”44 de suerte que se presenta un vacío legal dentro de esta regulación.

Con el propósito de tender hacia una armonía dentro del sistema, parece coherente aplicar por analogía integradora el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, el cual dice que “cuando la prohibición […] verse sobre cosas muebles, sólo producirá efecto respecto de los terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo del contrato; pero el demandado será en todo caso responsable de fraude, si ha procedido a sabiendas”. Esta disposición permite enfatizar la importancia del conocimiento cierto que los terceros pueden tener acerca de tal afectación al tiempo de tener relaciones jurídicas respecto de ellos; como también el artículo 1490 del Código Civil, el que refiere que “si el que debe una cosa mueble a plazo, o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe”, por lo que considera su estado de buena o mala fe al tiempo de la relación jurídica con alguno de los cónyuges o convivientes civiles; aunque, naturalmente como ya ha sido expuesto, cede

43 TOMASELLO y QUINTANILLA (1981), p. 151.

44 ROSSO (1998), p. 147.