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Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Del principio de culpabilidad, como uno de los principio rectores del derecho administrativo sancionador 32 –del que, a mi juicio, forma parte el derecho administrativo disciplinario 33– Cordero extrae algunas consecuencias jurídicas que estimo del todo aplicables a los procedimientos administrativos incoados al interior del Ministerio Público 34:

- Como la responsabilidad derivada de una infracción administrativa no es objetiva, pues, exige la reprochabilidad de la conducta del sujeto, es preciso que éste en la situación concreta pueda haberse sometido a los mandatos y prohibiciones establecidos en la norma, según ya tuvimos la oportunidad de relevar;

- La culpabilidad no sólo constituye el fundamento para la imposición de la sanción, sino que también determina su magnitud (“la culpabilidad es la medida de la sanción”)35;

32 Comenta Cordero que “existe consenso en nuestra doctrina y jurisprudencia respecto de la aplicación de este principio en materia de sanciones administrativas”, y luego enfatiza: “no cabe dudas que ya sea por su eventual reconocimiento constitucional o por la proyección de los principios del orden penal como derecho común del poder punitivo estatal, la culpabilidad constituye uno de los principios del Derecho administrativo sancionador”. CORDERO (2014), pp. 251 y 252.

33 En efecto, “la doctrina y la jurisprudencia, salvo excepciones –escribe el profesor español Sánchez Morón– vienen insistiendo últimamente en que todas las manifestaciones punitivas del Estado, incluidas las que confiere el derecho disciplinario tienen un fundamento común, se explican y justifican en virtud de un mismo ius puniendi, de donde se deduce que les son apli-cables a grosso modo los mismos principios y reglas, por lo general, extraídas de la dogmática del derecho penal”. SÁNCHEZ (2008), p. 300. Estas palabras resuenan a modo de estribillo constante en las cavilaciones de la doctrina nacional. Vgr. MONTERO (2015), p. 114; y CELIS y BARRA (2011), pp. 7 y 8. Incluso el propio órgano contralor ha argüido que “la potestad disciplinaria es una manifestación de la potestad sancionatoria del Estado, la que, a su vez, es junto a la potestad punitiva penal, una de las manifestaciones del ius puniendi general del Estado, razón por la cual se ha entendido también que los principios del derecho penal son aplicables al derecho sancionador disciplinario”. Entre otros, dictámenes N° 14.571, de 22 de marzo de 2005; 28.226, de 22 de junio de 2007, 34.407, de 24 de julio de 2008; y 63.697, de 07 de octubre de 2011.

34 Véase, CORDERO (2014), pp. 253 y 254.

35 En el mismo sentido, ALCALDE (2011), p. 75, cuando afirma que “la culpabilidad debe ser el factor determinante de la pena [sanción administrativa], de manera que ésta guarde estricta proporción con la mayor o menor intensidad del juicio de reproche que sea posible efectuar al infractor”. Esto se traduce en que el grado de intencionalidad, descuido o negligencia debe ser tomando en cuenta al momento de conmensurar la sanción disciplinaria a imponer al fiscal o funcionario investigado, específicamente, a la luz del criterio de “la gravedad de la falta