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Nicolás Carrasco Delgado

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

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Con todo, esa doble reacción y diversificación de sanciones, es un desin-centivo para que los deudores inicien el concurso, porque de hacerlo quedarán afectos a las posibles consecuencias negativas que se siguen de un juicio penal y del incidente de mala fe del deudor 80.

En efecto, con esta causal se agrava la complejidad examinada en el motivo anterior porque el juez penal no tiene competencia para pronunciarse sobre la gravedad de la conducta de mala fe del deudor, la cual únicamente cabe ser examinada por el juez concursal. Esto marca una diferencia con aquellos casos donde se ha acogido una acción revocatoria concursal, en que la participación de un mismo juez en tal decisión y en el incidente de mala fe, facilita la evaluación del factor de “gravedad” que es necesario para determinar si el efecto liberatorio es total o parcial.

Lo anterior es relevante, porque el artículo 169 A inciso 3° de la Ley N°20.720 dispone, a propósito de este motivo y de la causal cuarta, que el juez resolverá de plano sobre la declaración de mala fe, una vez que se allegue al proceso los antecedentes de la condena penal y la revocación concursal. Sin embargo, es evidente que la decisión asociada a determinar la extensión de la limitación del efecto liberatorio no puede ser adoptada de plano si no se incorporan elementos de juicio al proceso 81. De este modo, a la luz del artículo 89 Código de Procedimiento Civil, es conveniente que se inicie un incidente para que la empresa deudora tenga la oportunidad de aportar argumentos y prueba sobre un asunto que no se ha discutido en el juicio penal, pero que incidirá en la extensión de la sanción que se adopte en el incidente de mala fe.

80 WHITE (1994), pp. 268-295.

81 De hecho, no podría el juez resolver de plano porque no existen elementos probatorios que se hayan aportado al proceso sobre esta materia. En este sentido, recordemos que de conformidad con el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede resolver de plano aquellos incidentes cuyos hechos consten en el proceso o es de pública notoriedad.