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Claudia González Cobos y Roberto Aude Díaz

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Si bien la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 52 que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia no serán obligadas a participar en ningún mecanismo de conciliación 46 y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-centes precisa en su artículo 122 que las procuradurías de protección tendrán como atribuciones, entre otras, la conciliación y mediación de los conflictos familiares, cuando los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean res-tringidos o vulnerados, exceptuando la conciliación en casos de violencia 47, tenemos que la naturaleza de estos mecanismos de solución alternativa, conciliación y mediación, son muy diversos a la justicia restaurativa, pues aquellos no atienden la asimetría que ocasiona la violencia familiar, est á n basados en el análisis del conflicto y no en las necesidades que surgen una vez cometido el daño.

La justicia restaurativa, por su especial naturaleza de recomposición y restauración, sería benéfica incluso en los casos de violencia familiar, ya que por la naturaleza de los conflictos familiares, la violencia puede estar normalizada desde la escala de creencias y sesgos cognitivos, y solo cuan-do podemos traer a la conciencia y a nuestro entendimiento lo que no se pudo comprender durante la infancia, es cuando somos capaces de romper ciertos esquemas, por lo tanto, el reconocimiento de la responsabilidad es imprescindible para romper con los ciclos de violencia, alcanzar acuerdos libres de daños rompiendo con el continuo de la espiral de la violencia que forma parte de una herencia familiar 48.

Con la creación de la nueva ley de mecanismos alternos, la cual fue promulgada a principios del año pasado, y resulta de aplicación general en todo el territorio nacional, podemos apreciar que se ha permeado el proceso

46 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007.

47 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de 2014.

48 VILLAVICENCIO (2023), p. 8.