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Dangeri Godoy Olivares

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

La situación de la población LGBTI en Perú era muy compleja a la época de los hechos. De acuerdo con la primera encuesta para personas LGBTI, realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, un 62.7% de las personas encuestadas había sido víctima de violencia o discrimi-nación, mientras que un 17.7% señaló haber sido víctima de violencia sexual. Además, existían prejuicios significativos contra la población LGBTI, tanto así que algunos gobiernos locales del Perú incluían en sus metas de seguridad ciudadana la “erradicación de los homosexuales”. A su vez, cabe destacar que en muchas ocasiones la violencia era cometida por agentes estatales 88.

Pese a que el Estado argumentó en su defensa que la detención de la víctima fue llevada a cabo con fines de identificación, la Corte IDH estableció que la privación de libertad fue ilegal y arbitraria, dado que se realizó con una motivación discriminatoria por razones de orientación sexual o expre-sión de género no normativa, las cuales son manifiestamente irrazonables 89.

Con respecto a la violación sexual y su calificación como un acto de tor-tura, la Corte IDH consideró que concurrían los elementos constitutivos de este último ilícito 90. Principalmente se enfocó en la finalidad, puesto que los malos tratos padecidos por la víctima evidencian un fin discriminatorio, sobre todo por el hecho de que la violación fue realizada con un bastón policial.

La Corte IDH consideró la opinión de la perita María Mercedes Goméz, quien señaló que la violación sexual anal mediante un elemento que simbó-licamente representa autoridad transmite el mensaje simbólico de reinstaurar una masculinidad que se ve amenazada por la percepción de la víctima como no cumpliendo las órdenes establecidas de la masculinidad.

88 Ibid., párrs. 47, 49 y 51.

89 Ibid., párrs. 53, 123, 128, 129.

90 Ibid., párrs. 160-166.