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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

expresamente, la desafectación se puede producir de forma sobreviniente si desaparece el fundamento jurídico, esto es, si los cónyuges de común acuerdo enajenan el bien inmueble, por lo que se le pone término al estatuto de bien familiar 53. Finalmente, la desafectación también puede producirse por la aplicación de ciertas reglas generales, como por ejemplo, a través del retiro o desistimiento de la demanda, de suerte que forzosamente el bien que fue declarado familiar, carecerá de tal calidad o decaerá porque la exigencia normativa mínima ya no existe, sin perjuicio de que el cónyuge o conviviente civil solicitante no pierde su derecho para volver a requerir la afectación. A partir de esto, es dable concluir que la norma no tiene un carácter cerrado o taxativo.

En todos los casos reglamentados expresamente, la titularidad de la acción parece circunscribirse a los cónyuges o convivientes civiles, en especial el propietario del bien raíz como a sus causahabientes. Con todo, surgen las interrogantes: ¿resulta procedente la desafectación del bien familiar solicitada por un tercero interesado? Por ejemplo, frente al divorcio de los cónyuges o terminación del acuerdo de unión civil y la desidia, indiferencia o mala fe de ellos por solicitar la desafectación, ¿podría el tercero acreedor incoar el procedimiento para obtener la desafectación del bien familiar? La respuesta es que sí resulta procedente que un tercero interesado pueda solicitar la desafectación y cuente para ello con legitimación activa. Pueden esgrimirse a favor de esta solución a lo menos dos razones.

En primer lugar, los terceros pueden tener un legítimo interés en obtener la declaración que desafecta el estatuto de bienes familiares, por ejemplo, en calidad de acreedores, titulares de garantías o eventuales adquirentes del bien inmueble, o en aquellos casos en que el bien inmueble no esté cumpliendo

lo han refrendado los tribunales de justicia. En especial: Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol Nº1602-2024, de 7 de febrero de 2025; Corte Suprema, Rol Nº82473-2016, de 13 de marzo de 2017 y Corte Suprema, Rol Nº48749-2022, de 15 de junio de 2023.

53 TURNER (2024), p. 259; CORRAL (2007), pp. 108 y 109 y RODRÍGUEZ (2017), p. 479. En el mismo sentido: Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol Nº142-2008, de 17 de septiembre de 2008.