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Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

se rigen por lo estipulado en sus respectivos contratos, de acuerdo con lo estatuido en el artículo 1° del citado reglamento, y en el artículo 2° inciso 2° del Reglamento de Personal para Funcionarios 22.

En fin, podría cuestionarse esta forma de sistematizar el primer presu-puesto de la responsabilidad administrativa de fiscales y funcionarios, desde que pareciera plausible sostener –como, en efecto, lo ha hecho en alguna oportunidad la Contraloría General de la República– que, si un servidor público deja de serlo antes de que se inicie el respectivo procedimiento disciplinario, su responsabilidad administrativa se extingue 23.

22 La jurisprudencia administrativa ha precisado el fundamento de esta exclusión, al dictaminar que no es procedente hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria del personal contratado sobre la base de honorarios “porque no tienen la calidad de funcionarios o empleados públicos y, en tal virtud, están marginados de los deberes y obligaciones propias de estos servidores, contenidas en los respectivos estatutos administrativos”, sin perjuicio de que “si dichas personas incurren en actos que contravengan las normas o estipulaciones contenidas en el instrumento de su contratación, la autoridad administrativa competente ponga término a ese contrato, y si las circunstancias lo ameritan, se recurra a los tribunales ordinarios de justicia para perseguir las responsabilidades que en derecho correspondan”. MONTERO (2015), p. 131, con los dictáme-nes que cita). Sin embargo, en ocasiones la Contraloría General de la República ha declarado la responsabilidad disciplinaria de personas que ejercen funciones a título de honorarios, pero no por infracción a los deberes funcionarios contenido en el Estatuto Administrativo, sino por la transgresión al principio de probidad administrativa establecido en el artículo 8° de la Constitución Política y desarrollado, entre otros, en la Ley N°18.575, el que –en concepto del órgano contralor– “alcanzaría igualmente a dichos trabajadores, como quiera que estos últimos también tiene el carácter de servidores estatales, en la medida en que prestan servicios al Estado en virtud de un contrato con el órgano público”. Dictamen N°2.327, de 23 de enero de 2017.

23 Así, en su dictamen N°85.273, de 30 de diciembre de 2013, el órgano contralor aseveró: “Sobre el particular, cabe señalar que según lo manifestado en el dictamen N°2.023, de 2003, de este origen, no resulta procedente aplicar una sanción disciplinaria a un empleado que haya cesado en su cargo con anterioridad al inicio de un sumario administrativo, no obstante, su posterior reincorporación, en la medida que entre ambos desempeños exista discontinuidad o interrupción de funciones. Ahora bien, acorde con lo prescrito en el artículo 157, letra b), de la Ley N°18.834, la responsabilidad administrativa se extingue por el cese de funciones, tal como ha ocurrido en la situación en examen, por cuanto (…) el servidor de que se trata, al estar desvinculado por un día, esto es, el 7 de julio de 2008, finalizó en su empleo sin que existiera una continuidad con su reingreso, por lo que, de acuerdo con lo prevenido en dicho precepto legal, su responsabilidad administrativa expiró. De esta forma, considerando que, a la época de instrucción del pertinente proceso disciplinario, esto es, el 29 de marzo de 2011, la responsabilidad administrativa del interesado se encontraba extinguida, corresponde que la superioridad emita la resolución que declare que respecto del señor (…) concurrió la causal que, para estos efectos, contempla el artículo 157, letra b, de la Ley N°18.834” [énfasis añadido].