128

Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

3. EL PRINCIPIO DE TIPICIDAD ADMINISTRATIVA COMO PRESUPUESTO DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Un sector minoritario de la doctrina ha pretendido persuadirnos de que el principio de tipicidad penal debe aplicarse con rigor en el campo del Derecho Disciplinario –y sería, por tanto, uno de sus inflexibles presupuestos–38.

En mi opinión, el principio de tipicidad en el ámbito de la responsabilidad administrativa de funcionarios públicos en general y, en nuestro caso, de fiscales y funcionarios, no debe ser entendido en el sentido de la tipicidad penal –esto es, que la conducta punible esté expresa (y detalladamente) des-crita en la ley criminal (artículo 19 N°3 inciso final de la Carta Suprema), de acuerdo con la cuádruple exigencia de lex praevia, certa, scripta y stricta–, pues en aquél campo su contenido es, a no dudarlo, más laxo: se satisface con la exigencia de que el deber, obligación o prohibición esté previamente descrito en una regla o norma, aun cuando lo sea de forma genérica 39.

Resultará bastante, pues, que la conducta que se estima infraccional pue-da racionalmente encuadrarse en la norma que mandata o prohíbe 40, desde que, como suele afirmar la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, en materia disciplinaria el principio de tipicidad se encuentra atenuado o matizado 41. En

38 Hacía allá apuntarían las reflexiones de PALLAVICINI (2021), pp. 129 y ss.

39 De este modo, “la tipificación del ilícito administrativo, por la variedad de formas y com-plejidad que reviste la actuación administrativa, se realiza de forma abierta y con amplitud, utilizando referencias genéricas, con insuficiente precisión”. CAMACHO (2012), p. 14. Por tal razón, no debe despertar asombro el hecho de encontrar en los reglamentos del Ministerio Público diversos deberes, obligaciones y prohibiciones que están redactados en términos desesperadamente abiertos o con un alto grado de indeterminación. Sirvan de ejemplos las obligaciones previstas en los numerales 2° y 3° del artículo 33 del Reglamento de Personal para Funcionarios, en la parte que mandata a éstos “orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos del Ministerio Público y a la mejor prestación de los servicios que a éste corresponde” y a “realizar sus funciones de la mejor forma posible, con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, procurando colaborar con todas las áreas y cumplir, eficaz y diligentemente, con las tareas que sean asignadas”, respectivamente.

40 Cfr. CAMACHO (2012), p. 14.

41 Véase, por todos, CELIS (2019), p. 151; y ALCARAZ (2023), p. 131. Marina, refiriéndose al caso español, asevera que “los Tribunales han modulado el contenido de las garantías del principio de tipicidad, de manera que resultan admisibles grados considerables de amplitud e