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Dangeri Godoy Olivares

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

trasladó a una bodega cercana a la cárcel. En el lugar le vendaron los ojos, la golpearon, insultaron y agredieron. Luego, fue subida violentamente a un vehículo, donde volvió a ser agredida y violada sexualmente en reiteradas oportunidades. Al cabo de diez horas, fue abandonada a un costado de una carretera 102.

Si bien en el caso no se acreditó el hecho de que se tratara de agentes estatales, el Tribunal, luego de examinar los elementos de la tortura, concluyó que Bedoya fue sometida a tortura física, psicológica y sexual, ya que dichos actos no pudieron haberse llevado a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado o al menos su tolerancia, por lo que responsabilizó a Colombia de la violación a los artículos 5.2 y 11 de la CADH 103.

Con respecto a lo anterior, existen diversos mecanismos para determinar si es posible atribuir responsabilidad al Estado cuando un determinado hecho ilícito ha sido cometido materialmente por un actor no estatal. Sferrazza señala que uno de los criterios frecuentemente utilizados por los tribunales internacionales y también por el tribunal interamericano es el de la diligencia debida. Conforme a este criterio el Estado puede ser responsabilizado por actos cometidos por actores no estatales siempre que se cumpla con dos requisitos: 1) que el Estado conozca un riesgo real e inminente de una in-fracción a un deber internacional; y 2) que no adopte las medidas razonables para prevenir la concreción del riesgo 104.

En el caso en cuestión a la época de los hechos existía en Colombia un contexto de violencia específica dirigida sobre todo contra mujeres periodis-tas, llegando incluso a ser considerado en el año 1998 como el “lugar más mortífero para la prensa en el mundo”. La Corte IDH ha definido la violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano como una “práctica habitual, extendida, sistemática e invisible”. Pese a esto, existía en Colombia

102 Ibid., párrs. 57-62.

103 Ibid., párr. 104.

104 SFERRAZZA (2020), pp. 19 y 20.