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Claudia González Cobos y Roberto Aude Díaz

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Estos procesos de justicia restaurativa podrán aplicarse por cualquier persona facilitadora especializada cuando se establezca la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias, por lo que, de manera transversal, se pueden utilizar actualmente, en cualquier tipo de conflictos. Pueden utilizar cualquier metodología que a juicio de la persona facilitadora produzca resultados restaurativos, pudiendo además contar con la partici-pación de equipos multidisciplinarios, de acuerdo con las necesidades del conflicto, es decir, la utilización de especialistas en diversas áreas, a efecto de cuidar todas las aristas de un conflicto, desde las culturales hasta las psicológicas, además, con la inclusión del proceso de justicia terapéutica, se permite ahondar en el conflicto, atendiéndolo desde la raíz para así evitar la perpetuación del mismo y la constante vulneración de los derechos de los participantes.

5. LA JUSTICIA RESTAURATIVA: UNA NUEVA ESPERANZA PARA LA RESTAURACIÓN DE LOS LAZOS FAMILIARES

Tal como lo precisamos en el apartado precedente, los procesos restau-rativos en ambientes distintos al derecho penal son de novedoso abordaje en México, sin embargo, con la creación reciente de la Ley General de Me-canismos Alternativos de Solución de Controversias, así como la inclusión de los procesos de justicia restaurativa en el también de reciente creación Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se ha abierto una oportunidad procesal para permitir que la familia pueda abordar los conflictos de una manera más sana.

La protección de la familia es un objetivo primordial de cualquier estado, ya que é sta representa el núcleo fundamental y sustento de toda sociedad, sin embargo, la violencia está en escalada y lejos de disminuir, ha permeado a las familias, por lo que, es con mayor frecuencia que los tribunales enfren-tan conflictos familiares en donde la violencia es un tema recurrente. Es de reconocer el esfuerzo que legisladores y gobierno ha realizado para crear políticas públicas y acciones afirmativas encaminadas a disminuir la violencia