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Felipe Marchant Contreras

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Por tal razón, agrega, “debe tenerse presente que la autoridad dispone de otras herramientas para orientar el trabajo de funcionarios y fiscales, por lo que no debiera confundirse mal o deficiente desempeño, con incumplimiento de una obligación o infracción de una prohibición”12-13.

12 Ibid., todas las citadas de la p. 4. [Las bastardillas, de mi autoría]. En el mismo sentido, la Contraloría General de la República, comentando el inciso 1° del artículo 119 del Estatuto Administrativo, ha dicho: “Cuando la autoridad administrativa observa que un funcionario tiene un comportamiento inadecuado respecto de otros funcionarios o de los usuarios del ser-vicio, deberá evaluar la situación de manera objetiva, considerando especialmente los efectos de esa actitud sobre el funcionamiento y el quehacer de la institución, tanto en cuanto a su gestión interna como en la juridicidad, eficiencia, eficacia, oportunidad, continuidad y calidad del cumplimiento de sus funciones de servicio público. Basada en esa evaluación, la jefatura, según el mérito y gravedad del diagnóstico de los sucedido, podrá adoptar al respecto diversas decisiones, tales como: disponer la apertura de un proceso disciplinario si estima que podría estar comprometida la responsabilidad administrativa del funcionario; ordenar una anotación de demérito en su hoja de vida para los efectos de sus calificaciones si concluye que la infrac-ción a sus obligaciones y deberes no puede ser objeto de medidas disciplinarias, o efectuar adecuaciones internas en la unidad donde se haya producido la situación de conflicto (v.gr.: destinación) si es que su gravedad no reviste una envergadura tal que amerite alguna de las medidas antes indicadas, dentro del orden jurídico aplicable. Así, entonces, no toda situación que afecte de manera negativa el cabal cumplimiento de los deberes, obligaciones y prohibiciones aplicables a los funcionarios públicos, importa necesariamente que se configure responsabilidad administrativa, pues en esta se incurre solo cuando la infracción a aquellos fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria. De este modo, existen otros mecanismos que el ordenamiento jurídico estatutario ha contemplado para una eficiente e idónea administración de los recursos humanos del organismo de que se trate, entregando a la autoridad en quien residen las potestades jerárquicas y disciplinarias, la discrecionalidad para evaluar la situación según su gravedad y adoptar las medidas necesarias para solucionar el conflicto que se haya producido al interior de la organización, lo que en ningún caso puede traducirse en el ejercicio abusivo de la potestad o en una torcida aplicación de la misma, ya que la discrecionalidad de ningún modo puede implicar arbitrariedad”. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2018), p. 579. Así también, Villar ha sostenido que los siguientes incumplimientos no debieran ameritar una sanción administrativa: imprimir un texto escolar con equipos institucionales, no portar la tarjeta de identificación o yerros de tipeo o de clasificación de documentos. Sin embargo, agrega, todas esas faltas pueden derivar en una anotación de demérito o, simplemente, influir en las calificaciones, en cuyo contexto sugiere a las autoridades respectivas “evitar ordenar procedimientos disciplinarios por faltas leves como rezagos en el trabajo, errores de redacción o disputas personales menores, prefiriendo en estos casos las calificaciones, las anotaciones de demérito y la conversación privada para requerir la subsanación de las faltas detectadas”. VILLAR (2021), pp. 31 y 34.

13 Tratándose de denuncias, la autoridad correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 44 del Reglamento, puede, por resolución fundada, no iniciar una investigación administrativa cuando adolezca de manifiesta falta de fundamento o verosimilitud, o se refiera a hechos en que la eventual responsabilidad disciplinaria se encuentre prescrita. Hacen excepción