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María Soledad de la Fuente Núñez de Castro

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

de enero de 1987 y categoría profesional de oficial 1ª, sobrevino cuando se encontraba el 5 de noviembre de 2002 prestando servicios laborales en la máquina calandra número dos (modelo AM.B. 14806) realizando la tarea de control del proceso de laminado; en cierto momento, al observar que en el extremo del cilindro de gofrar se había quedado adherida una cinta de plástico, procedió a retirarla con su mano derecha, la cual fue arrastrada y atrapada entre los dos cilindros de la máquina en funcionamiento. En la evaluación de riesgos efectuada el 2 de mayo de 2001 por el Servicio de Prevención Sermesa, concertado por la actora, se identifica como uno de los riesgos de la máquina litigiosa, el del atrapamiento por o entre objetos y advierte de la necesidad de dotar a la misma de dispositivos que garanticen su seguridad, dotándola de protección para impedir la accesibilidad a sus cilindros. A raíz del accidente sufrido por el trabajador demandado, la Inspección de Trabajo practicó requerimiento a la empresa a efectos de proteger los cilindros de dicha máquina. La empresa había impartido instrucciones escritas a los trabajadores, y entre ellos al accidentado, el 1 de junio de 1998, en las que se indica la prohibición de “intentar meter las manos en los cilindros del Laminador cuando se caiga un cuerpo extraño”.

Como consecuencia de ello fue declarado en Incapacidad Permanente Total con efectos económicos del 30 de abril de 2004. A causa del accidente acaecido se siguieron actuaciones por la Inspección de Trabajo, que procedió a levantar el Acta de Infracción nº 4.803/2002, confirmada por Resolución del Director General de Trabajo y Seguridad Laboral del 1 de diciembre de 2003 que a su vez fue confirmada por sentencia de 8 de julio 2004 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Valencia. En escrito de 31 de diciembre de 2002 la Inspección de Trabajo formuló propuesta de recargo de prestaciones económicas del 30%, que dio lugar a Resolución del INSS de 22 de marzo de 2004, en la que se acordó imponer a la empresa actora el recargo del 40% en las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente de trabajo sufrido el 5 de noviembre de 2002 por el trabajador demandado.