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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de un tercero no evitable por el empresario —STS de 30 de julio de 2010, ECLI:ES:TS:2010:2314—”.

Esta doctrina fue recogida por la LRJS, cuyo art. 96.2 establece que:

en los procesos sobre responsabilidad derivada de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción de un resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riego, así como cualquier factor excluyente o aminorador de su responsabilidad. No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que corresponda al ejercicio laboral del trabajo o a la con-fianza que éste inspira.

Por lo tanto, no existirá culpa del empresario cuando pruebe que obró con la diligencia exigible y que el acto dañoso no le es imputable por im-previsible o inevitable.

En el supuesto de que el daño sea consecuencia de actos culposos eje-cutados por mandos intermedios o terceros la responsabilidad empresarial no se desplaza automáticamente al empresario. Así lo refrenda la STS de 28 de febrero de 2019, ECLI:ES:TS:2019:983 33 que al analizar la concurren-cia o no del recargo de prestaciones por accidente laboral declaró que no procede el mismo por falta de medidas de seguridad cuando el accidente se debe únicamente a la imprudencia de un encargado, siempre que no exista infracción normativa de la empresa. Este pronunciamiento subraya que la propia imprudencia de un mando intermedio puede, en ciertos casos, romper

33 El Tribunal Supremo resolvió que “no procede imponer recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad a la empresa cuando el accidente se produjo por imprudencia temeraria del jefe de servicio (mandos intermedios) y no existe infracción normativa imputable al empresario”. Señala que la culpa in vigilando (supervisión) tiene efectos en responsabilidad civil, pero no en el ámbito sancionador del recargo cuando la empresa ha cumplido las obligaciones preventivas.