242

María Soledad de la Fuente Núñez de Castro

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

ya que consta que los trabajadores estaban formados y habilitados para el trabajo a realizar y que el accidente no se debió a la falta de unos equipos adecuados de trabajo, sino a la negligencia del jefe del servicio.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de junio de 2015, ECLI:ES:TS:2015:3663 28 así como en la sentencia de 11 de octubre del 2023, ECLI:ES:TS:2023:4316 29, ha establecido que el recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo aplicado a pensiones de inca-pacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas de contingencias profesionales debe extenderse automáticamente a las prestaciones de muerte y supervivencia. Esta doctrina se basa en la interpretación del art. 217.2 del TR LGSS, que presume de derecho la muerte a consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional para quienes tengan reconocida una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido por tales contingencias.

28 Fue la primera sentencia del Tribunal Supremo que se basa en el art. 217.2 del TRLGSS para establecer que “se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional quienes tengan reconocidas por tales contingencias una incapacidad permanente absoluta o la condición de gran invalido desde el momento en el que la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo incide de manera determinante en el menoscabo funcional padecido, éste es el origen de la prestación y no su añadido”. Y añade que “el art. 217.2 del TRLGSS decide llevar en bloque a la muerte y supervivencia la situación vigente en vida del causante sin establecer ninguna restricción al respecto, y, por tanto, no existe razón para conjeturar que en la mente del legislador puede estar presente la exclusión del recargo”. La sentencia afirma que la prestación básica no experimenta variación al devenir en muerte y supervivencia, mediando una presunción iure et de iure.

29 Afirma, por su parte, que el recargo de prestaciones por incapacidad permanente absoluta derivada de contingencias profesionales por infracción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo se traslada a las prestaciones de muerte y supervivencia cuando el trabajador fallece a posteriori por causas externas a aquella contingencia profesional. No admite, por tanto, la prueba en contrario, basándose en el art. 217.2 del TRLGSS. Afirma que de conformidad con el párrafo segundo del art. 217.2 “sino se da el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberá probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo o enfermedad profesional. En caso de accidente de trabajo dicha prueba solo se admitirá si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los cinco años siguientes a la fecha del accidente. En caso de enfermedad profesional se admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido”. La sentencia entiende que no habrá que probase que la muerte ha sido debida a contingencias profesionales si el fallecido tenía reconocido por esa contingencia una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez siendo, por tanto, presunción iure et de iure.