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María Soledad de la Fuente Núñez de Castro

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

al empresario uno de los más significativos por el carácter contractual de dicho incumplimiento, al integrar estos deberes el contenido contractual del propio contrato de trabajo en virtud del art. 1258 del Código Civil.

Por ello, el empresario debe responder por los daños ocasionados a su trabajador por una conducta personal, activa u omisiva, generadora de culpa o negligencia directa. Esta conducta no solo supone el incumplimiento de una obligación derivada del contrato de trabajo sino que, además, puede originar sanciones en el ámbito administrativo o laboral a reclamar por la víctima. Si la misma es constitutiva de accidente de trabajo causante de una lesión corporal en el trabajador, esta circunstancia originará la reclamación por parte del mismo de una prestación económica de carácter laboral por inca-pacidad temporal o permanente en sus distintas modalidades cuya finalidad no es otra que compensar la pérdida de ingresos del trabajador durante este periodo. Si, junto a ello, el daño viene ocasionado por el incumplimiento de la normativa laboral a la que nos hemos referido, la víctima podrá reclamar el llamado recargo de prestaciones.

Este entramado de pedimentos ante la actitud negligente del empresario infractor ha sido objeto de numerosas resoluciones jurisprudenciales de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en las que se ha discutido, no solo la jurisdicción competente ante la que sustanciar estos reclamos, sino también la cuantía y los límites de la misma al amparo del principio non bis in idem y del enriquecimiento injusto.

Este trabajo pretende plantear la situación actual en la que se encuentra la materia. Ello ha obligado a un estudio jurisprudencial riguroso y extenso que ha permitido delimitar las distintas situaciones que pueden convergir. Por ello, se hace necesario la delimitación del presupuesto inicial que per-mite la reclamación, es decir, la existencia de un accidente de trabajo que, si bien es definido en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (desde ahora TRLGSS), es necesario complementarlo con la aplicación jurisprudencial del referido precepto cuando el mismo es