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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

Desde esta perspectiva, el Tribunal Supremo ha reiterado que la respon-sabilidad empresarial no es objetiva, pero sí se asienta sobre una presunción de culpa, de modo que, producido el accidente, corresponde al empresario acreditar que ha adoptado todas las medidas necesarias y razonablemente exigibles para evitar el riesgo y el resultado lesivo. No basta, por tanto, con el cumplimiento meramente formal de la normativa preventiva, sino que es preciso demostrar que dichas medidas fueron idóneas, eficaces y correcta-mente aplicadas en atención a las circunstancias concretas del trabajo.

Cuando el accidente de trabajo se produce como consecuencia de la ac-tuación culposa de un mando intermedio, la intervención de este no excluye automáticamente la responsabilidad del empresario. La Sala de lo Social ha señalado que la conducta negligente del mando intermedio se integra, por regla general, en el ámbito de organización y dirección de la empresa, de modo que el empresario puede responder por deficiencias en la organización del trabajo, en la supervisión de las funciones delegadas o en la selección y formación del personal directivo o de supervisión, lo que permite fundamentar la imputación en la culpa in vigilando o in eligendo.

No obstante, la jurisprudencia también ha precisado que la responsa-bilidad empresarial encuentra su límite cuando el empresario acredita de forma concluyente que el accidente fue debido a una conducta exclusiva, imprevisible e inevitable del mando intermedio, sin relación con una in-fracción del deber de seguridad ni con un déficit organizativo o preventivo imputable a la empresa. En este sentido, el Tribunal Supremo ha declarado que no procede imputar responsabilidad empresarial —en particular en el ámbito sancionador del recargo de prestaciones— cuando el accidente se debe exclusivamente a la imprudencia temeraria de un mando intermedio y no concurre infracción normativa atribuible al empresario (STS de 28 de febrero de 2019, ECLI:ES:TS:2019:983).