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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

función de si dicho incumplimiento afectaba a la propia órbita del contrato de trabajo, especialmente a los deberes asumidos por el empresario frente al trabajador —en cuyo caso debía conocer la jurisdicción laboral—, o bien si el daño era consecuencia de una conducta totalmente ajena al ámbito de los derechos y obligaciones que vinculan a trabajador y empresario —supuesto propio de la jurisdicción civil—.

No obstante, esta conclusión ha sido el resultado de una prolongada controversia mantenida por el Tribunal Supremo en torno a la jurisdicción competente —civil o laboral— para conocer y tramitar la reparación del daño sufrido por el trabajador como consecuencia del incumplimiento de la normativa laboral sobre seguridad e higiene en el trabajo. Las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales pertenecen al ámbito estricto del contrato de trabajo, formando parte de su contenido contractual, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 11, en su art. 14: se trata de una obligación general de diligencia incorporada por ley al contenido del contrato de trabajo. Por tanto, su inob-servancia, generadora de responsabilidad a cargo del empresario, constituye un incumplimiento contractual cuyas consecuencias deben ser conocidas y resueltas por la jurisdicción social.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2008, ECLI:ES:TS:2008:652, se consolida la doctrina conforme a la cual, en virtud de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 12, las reclamaciones por responsabilidad del empresario derivadas del incum-plimiento del contrato de trabajo son competencia de la jurisdicción laboral. El ilícito laboral generador de responsabilidad encuentra su fundamento en la infracción de una norma reguladora de esta materia, ya sea voluntaria, colectiva o legal, conforme a lo dispuesto en el art. 1258 del Código Civil. En consecuencia, la normativa sobre seguridad e higiene se integra en el

11 B.O.E. N º 269, 10 de noviembre de 1995 (en adelante, LPRL).

12 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, B.O.E. Nº157, de 2 de julio de 1985 (en adelante, LOPJ).