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María Soledad de la Fuente Núñez de Castro

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Esta controversia se considera superada a partir de la promulgación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, que justifica en su preámbulo la necesidad de alcanzar dicha uniformidad competencial 9.

Por un lado, se produce una unificación de la materia laboral que permite otorgar una cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos que la integran. Es el caso de la concentración en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo, que hasta entonces obligaban a los afectados a acudir, para intentar lograr la tutela judicial efectiva, a distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso administrativo y social.

Con esta fórmula se pretende que la jurisdicción social sea competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la pro-ducción del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado 10.

De esta forma, el orden social se erige en garante del cumplimiento de la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo, origen de la polémica jurisprudencial que, de forma alternativa, atribuía la competencia a la juris-dicción civil o a la laboral para conocer de las demandas de reclamación de los daños sufridos por el trabajador derivados de un accidente de trabajo. Ello se fundamenta en la obligación que incumbe al empresario ante situaciones de riesgo acreditado, que le obligan a extremar las acciones preventivas a fin de evitar que el riesgo potencial se materialice en un daño efectivo.

La idoneidad de una u otra jurisdicción para conocer del asunto venía determinada, a su vez, por la distinta naturaleza atribuida al incumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo, generadora, en todo caso, de una responsabilidad civil —contractual o extracontractual— en

9 B.O.E. Nº245, de 11 de noviembre de 2011.

10 Preámbulo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.