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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

La incapacidad permanente se configura como una situación protegida que surge cuando, tras la finalización del tratamiento médico prescrito, el trabajador presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, objetiva-mente constatables y previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Cuando dicha situación deriva de un accidente de trabajo, el sistema de protección adquiere una especial intensidad.

Al igual que sucede con la incapacidad temporal, el reconocimiento de la incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo no exige período previo de cotización, lo que evidencia la voluntad del legislador de ofrecer una cobertura amplia frente a los riesgos profesionales.

El ordenamiento jurídico distingue diversos grados de incapacidad per-manente, atendiendo al alcance de la limitación funcional y su repercusión sobre la capacidad laboral del trabajador.

La incapacidad permanente parcial se produce cuando las secuelas oca-sionan una disminución no inferior al treinta y tres por ciento en el rendi-miento para la profesión habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma. En estos casos, la protección adopta la forma de una indemnización a tanto alzado equivalente a veinticuatro mensualidades de la base reguladora.

La incapacidad permanente total se caracteriza por la inhabilitación del trabajador para el desempeño de su profesión habitual, si bien conserva la capacidad para dedicarse a otra distinta. La prestación consiste en una pensión vitalicia del cincuenta y cinco por ciento de la base reguladora, susceptible de incrementarse hasta el setenta y cinco por ciento cuando el beneficiario, a partir de los cincuenta y cinco años, presenta dificultades objetivas para acceder a un empleo alternativo.