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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Con toda seguridad, esta exclusión se justifica porque para la celebración de negocios jurídicos sobre los bienes inmuebles, la diligencia media exige a los terceros al menos un estudio de títulos sobre la condición de aquéllos, junto con la revisión de una eventual inscripción en un registro público, la cual constituye prueba de la posesión de éstos.

En el caso de los bienes muebles, por regla general, no existe un registro público ni mucho menos auténtico que pueda constatar la situación posesoria o condición dominical en la que se encuentran. De esta suerte, no hay razón para imponerle a los terceros la carga ni la exigencia de verificar a quién le pertenece en propiedad el bien mueble dentro del régimen de sociedad conyugal, en el cual, como sabemos, si bien coexisten una pluralidad de pa-trimonios, la ley presume que pertenecen a la sociedad. De esta forma, para favorecer la contratación, facilitar el tráfico jurídico y revestirlo de mayor seguridad, el legislador optó por blindar a los terceros contratantes cuando se cumplen ciertas condiciones, sacrificando otros intereses y desatendiendo otras consideraciones dogmáticas, motivo por el cual “se acoge la protección a la apariencia, fundada en la seguridad del tráfico”38.

Se requiere, además, que el negocio jurídico celebrado entre el tercero contratante con cualquiera de los cónyuges, tenga el carácter de oneroso, de manera que aquél está en la necesidad jurídica de soportar un sacrificio o gravamen para obtener una utilidad o contraprestación del cónyuge respectivo, quien también percibe un beneficio. Probablemente, el ejemplo paradigmático considerado por el legislador fue el contrato de compraventa celebrado por uno de los cónyuges y el tercero. De esto se sigue que los negocios jurídicos celebrados a título gratuito quedan al margen del ámbito de aplicación de la disposición, de guisa que la tutela jurídica no se extiende a esos terceros contratantes, por lo que se sacrifica su situación habida cuenta de su falta de desembolso económico en la celebración del acto o contrato.

38 PEÑAILILLO (2006), p. 125.