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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El proceso de descodificación del derecho civil chileno: Un estudio del régimen de responsabilidad civil médica a la luz de la Ley N°20.584

dos o seguros de salud; de la acreditación y certificación de los prestadores, sean éstos públicos o privados, individuales o institucionales y, en general, de cualquiera otra materia que se encuentre regulada en leyes especiales 87.

Por último, pueden invocarse las normas contenidas en el Código Civil, ya sea que estemos frente a un contrato de prestación de servicios médicos, en cuyo caso se aplican, en lo pertinente, las disposiciones previstas en materia de Derecho de contratos 88, contenidas en el Libro IV del Código Civil 89; o bien, estemos en presencia de un caso de responsabilidad aquiliana, en virtud de lo cual se deben invocar las normas contenidas en el Título XXXV del Libro IV del mismo cuerpo legal.

Bajo este panorama, se reconoce expresamente la aplicación del Có-digo Civil a la relación médico-paciente, normativa que permite atribuir responsabilidad al profesional de la salud por los daños ocasionados en la ejecución defectuosa del servicio médico. Ahora bien, la interrogante que persiste es si la legislación especial mencionada rompe con la lógica y los principios a los que propende el Código Civil, relegándolo, en esta materia, a derecho de carácter residual.

87 En función de aquella norma, se ha dicho que quedarían excluidos del derecho de consumo la prestación del servicio médico propiamente tal y su calidad, incluyéndose únicamente los actos y contratos celebrados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud. BARRIENTOS (2018), p. 141. Esta opinión es compartida por MOMBERG (2013), p. 75, quien es de la opinión de que no es posible aplicar el derecho de consumo a los actos y contratos excluidos expresamente por la letra f) del art. 2 de la LPDC. Otros han intentado ampliar los tipos de prestaciones médicas aplicables al derecho de consumo, mediante la interpretación del artículo 23 de la LPDC. BARRIENTOS (2018), pp. 141. 147-150.

88 PIZARRO (2017), p. 25.

89 Pizarro niega que sean aplicables al contrato médico las reglas del mandato y las especiales relativas al arrendamiento de servicios inmateriales, por cuanto la prestación de servicios médicos no se encuadra en el objeto de ninguno de estos contratos. Por lo tanto, las normas del Código Civil serán invocadas para determinar la responsabilidad del médico por el incumplimiento del contrato, lo que se traducirá en una indemnización de perjuicios, mas no para configurar el contenido mismo de la prestación médica. PIZARRO (2014), pp. 828, 831 y 837-840.