281

Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

Estudio dogmático y análisis crítico del art. 1739. La doctrina de la apariencia jurídica y la transferencia a non domino. El sentido de quedar a cubierto de toda reclamación

Finalmente, el inc. 5° del precepto establece una excepción a la presun-ción general de buena fe por parte del tercero contratante. En efecto, la ley invoca el efecto contrario, pues “no se presumirá la buena fe del tercero”59, aunque éste sí puede acreditarla. La justificación está en que si bien se está frente a cosas muebles, los indicados en el inc. 5° se encuentran sometidos a un régimen registral de inscripción que es público, de manera que los motivos que justifican el amparo de los terceros y la irreivindicabilidad subsecuente decaen; la apariencia posesoria y la buena fe ceden frente a un registro ostensible, de acceso público y que refleja la condición específica y formal del bien; en buenas cuentas, se encuentran en una condición similar a la de los bienes inmuebles inscritos, por lo que resulta aplicable lo dicho previamente respecto de ellos 60. En este caso, se sigue la reglamentación de la sociedad conyugal en orden a proseguir la nulidad o inoponibilidad 61, según si el marido o la mujer enajenó el bien sin el cumplimiento de las exigencias legales 62.

59 DFL Nº1, del 2000.

60 Boonie Guidotti subraya la particular importancia que se otorga a los registros de bienes muebles, en los cuales se manifiesta la relación entre la ausencia de buena fe y la publicidad registral. Vid.: GUIDOTTI (2024), p. 76.

61 RAMOS (2010), p. 237.

62 En contra, podría objetarse que lejos de comparecer una tradición ex novo y a non domino, lo que tiene lugar es un desplazamiento posesorio y un acto atributivo cuyo sustento legal es únicamente la ley; o, lo que es lo mismo, la radicación del dominio deriva específicamente de la ley. El mérito de este razonamiento sería evitar recargar al sistema de una explicación enrevesada y conservar la vigencia plena del sustrato romanista. Empero, a partir de la lite-ralidad del precepto, la exigencia y función de la onerosidad, la buena fe y la tradición como acto traslaticio, el régimen particular de patrimonios que coexisten en el régimen de sociedad conyugal, la disminución de diligencias investigativas sobre la titularidad y los poderes que pretende relevar al tercero contratante, la celeridad, seguridad y protección al tráfico que pretende el ordenamiento, son elementos que, en conjunto, validan nuestra tesis y nos fuerza a sostener que decantar por esta otra explicación sería simplificar en exceso toda una recepción dogmática que, parece ser, se tomó del derecho alemán. Cabe añadir que, en todo caso, en lo mediato, todos los modos de adquirir derivan de la ley, y las consecuencias prácticas son las mismas: la radicación del dominio en el patrimonio del tercero, calidad dominical con eficacia erga omnes, oponible incluso al cónyuge ajeno a la tradición, saneado, y sin necesidad de rati-ficación ni prescripción. La carga de acreditar dicha titularidad incumbe al tercero, merced a la concurrencia copulativa de los requisitos legales establecidos para tales efectos. Cabe observar que durante la investigación hemos tratado de indagar sobre la Historia de la Ley, mas nos ha sido imposible acceder a ella para confirmar esta interpretación.