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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

2025, ECLI:ES:TS:2025:1831 tras una absolución penal de la empresa por los mismos hechos, la empresa solicita la revisión del recargo. El Tribunal Supremo concluye que no concurren los requisitos legales para anular el recargo. Lo que demuestra que la responsabilidad administrativa/laboral es independiente de la penal. La absolución penal no implica automáticamente el levantamiento del recargo en vía social/laboral.

Esta reclamación se tramita por vía administrativa ante la Tesorería General de la Seguridad Social pudiendo ser impugnada y elevada a la jurisdicción social 25.

La existencia de negligencia en el trabajador no rompe necesariamente el nexo causal del accidente si hubo deficiencias en medidas de seguridad ni justifica la revocación del recargo de prestaciones. Es el supuesto con-templado por la STS de 12 de julio de 2007, ECLI:ES:TS:2007:5606. El accidente del demandante, con antigüedad en la empresa demandada del 1

25 En el caso de que la Tesorería General de la Seguridad Social reconozca o deniegue el recargo de prestaciones y la empresa no esté de acuerdo o se cuestione su responsabilidad, el trabajador o la propia Tesorería General de la Seguridad Social, puede recurrir ante la jurisdicción laboral. Tras la entrada en vigor de la L.O. 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Sector Público de Justicia (B.O.E. Nº3, de 3 de enero de 2025) la competencia para conocer de este asunto recae en los tribunales sociales (antes Juzgados de lo Social).

El trabajador o la Tesorería han de presentar demanda ante el tribunal social correspondiente. Debe incluir en la demanda:

a) Datos del accidente o enfermedad profesional

b) Reconocimiento administrativo o solicitud de recargo

c) Pruebas de incumplimiento empresarial de normas de seguridad e higiene en el trabajo

d) Documentación médica pericial.

A tenor de lo preceptuado por la L.O. 1/2025 la presentación de documentación así como las pruebas debe realizarse 10 días hábiles antes del juicio salvo excepciones.

Preceptivo a la celebración del juicio es el acto de conciliación o mediación que, con la nueva normativa, puede celebrarse en fecha distinta al juicio, lo que permite negociar el recargo de prestaciones sin retrasar la fase probatoria.

Si la mediación no llega a buen puerto, se inicia el proceso judicial propiamente dicho. La vista se celebrará ante el tribunal social, valorándose las pruebas presentadas con antelación. La oralidad se ve reforzada ya que con la L.O. 1/2025 se puede dictar sentencia verbal con notificación inmediata que debe pronunciarse sobre el reconocimiento del recargo y la cuantía correspondiente en su caso (porcentaje de recargo sobre la prestación abonada plazos para el pago del mismo por parte del empresario).

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el tribunal superior.