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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

La STS de 2 de junio de 2025, ECLI:ES:TS:2025:2817 ha unificado doctrina sobre los límites del concepto in itinere, estableciendo que el tra-yecto protegido solo empieza cuando el trabajador ha abandonado el espacio privativo de su domicilio y accede a la vía pública o a espacios comunes de libre tránsito; por tanto, no se considera accidente in itinere el percance ocurrido dentro del domicilio o espacios de uso exclusivo del trabajador aun cuando esté a punto de iniciar el desplazamiento hacia su puesto de trabajo.

El Tribunal Supremo ha declarado que la ruptura del nexo causal con la actividad laboral se produce cuando el trabajador introduce modificaciones voluntarias de tiempo o espacio en el trayecto —que supongan riesgos distintos de los inherentes al desplazamiento ordinario hacia o desde el trabajo— en perjuicio de la cobertura de la contingencia profesional.

3. COMPETENCIA JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

3.1. Adopción de un criterio estable que determine la competencia ju-risdiccional para el conocimiento de los conflictos por incumplimiento de la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo

Para deslindar la competencia entre la jurisdicción civil y la laboral res-pecto de la reclamación de los daños ocasionados por un accidente de trabajo, resulta decisivo determinar si el daño se imputa a un incumplimiento laboral o, por el contrario, a una conducta totalmente ajena al contrato de trabajo. La ambigüedad que ha caracterizado el criterio atributivo de la competencia a una u otra jurisdicción estuvo motivada, en cierta medida, por la creencia en la insuficiencia de la normativa laboral para hacer frente, por sí sola, a la reparación íntegra del daño causado, incluso cuando se aplicaba el recargo de prestaciones por infracción de normas de seguridad, es decir, por culpa del empresario.