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María Soledad de la Fuente Núñez de Castro

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

Todas las prestaciones económicas que tengan su origen en un accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o par-ticulares de seguridad y salud en el trabajo o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto contrario que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla.

La prestación que recoge este precepto, el llamado recargo de prestaciones, es una cantidad de dinero cuyo pago viene impuesto por la Administración, bajo la imposición de la normativa laboral, que sanciona la inobservancia empresarial de normas reguladoras de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Se aplica cuando un accidente de trabajo o enfermedad profesional se produce por dolo o negligencia del empresario por incumpli-miento de normas sobre seguridad e higiene. Es una obligación personalísima del empresario sin posibilidad de transmisión ni de aseguramiento 24.

Su pago beneficia directamente al trabajador que ha sido víctima de la contingencia. La cuantía del recargo, entre el 30 y un 50 por 100, se establece en función de la gravedad del incumplimiento de los deberes de prevención y no en atención a la gravedad del daño. Debe abonar un porcentaje adicional sobre las prestaciones de la Seguridad Social, por ejemplo, por incapacidad temporal o permanente. La responsabilidad derivada del recargo es indepen-diente y compatible con otras responsabilidades que puedan derivarse del incumplimiento, incluso de orden penal. En este sentido la STS de 8 abril de

24 Sobre la posibilidad de asegurar el recargo en cuanto prestación asociada a la contingencia profesional, vid. LUQUE (1999), pp. 539-564.