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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

diante una indemnización a tanto alzado en caso de incapacidad permanente parcial —art. 196.1 TRLGSS— o de muerte del trabajador. Su percepción no depende de la previa declaración de responsabilidad del empresario.

4.2. El recargo de prestaciones

No obstante, si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional tiene su origen en el incumplimiento de las obligaciones que incumben al empresario, en particular, las referidas a la protección de riesgos laborales, las medidas protectoras y reparadoras que nuestro ordenamiento jurídico habilita a la víctima, no se limitan a las estipuladas por el sistema de Seguridad Social.

El art. 42 de la LPRL establece al efecto que “el incumplimiento de los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos labo-rales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como en su caso a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivar de dicho incumplimiento”.

Como establece GÓMEZ LIGÜERE 23 la combinación de las medidas de protección establecidas por el sistema público junto a las estipuladas en la vía administrativa, civil o incluso penal, tiene como finalidad la compensación del trabajador y el incentivo a la adopción de las medidas de prevención por parte del empresario. Sin la responsabilidad por su incumplimiento, el empresario carecería de incentivos para invertir en la seguridad de sus traba-jadores, que ya resultan compensados por el sistema público de prestaciones.

Estas prestaciones que se adicionan al sistema público tienen naturaleza administrativa, civil o penal. A las dos primeras nos referiremos a conti-nuación.

El art. 164 del TRLGSS estipula lo que tradicionalmente se reconoce como recargo de prestaciones:

23 GÓMEZ (2018), p. 230.