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Cristián Cáceres Muñoz

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

más bien responde a normas de orden moral, éticas y deontológicas y otros valores como el de la responsabilidad y el valor de ser consecuente, las que deberían ser operativas.

Es necesario sí asumir y asentir que la no existencia de una norma jurídica que regule la actividad o labor pericial de forma minuciosa o detallista en ningún caso surte de impedimento para aquellos ejercicios o trabajos, pues existen otras normas que sí los regulan, las que provienen del propio acervo cultural, técnico y científico del o la experta.

No obstante, lo argumentado hasta el momento, hay que tener presente y no obviar el hecho de que para establecer esta conjetura acerca de los riesgos e implicancias que pueden llegar a tener los sesgos cognitivos en la labor pericial y metapericial, hay que determinar el modo o la forma en cómo se presentan en la realidad, es decir, hay que analizar en profundidad el razonamiento del perito o perita (los repartidores) y la manera en que, cómo dicho proceso reflexivo, se integra mediante el “reparto hablado”55 al razonamiento de un no experto en esa ciencia, arte u oficio, pero que en definitiva es llamado a resolver el asunto o negocio sometido a su compe-tencia: el juez. En el entendido de que este último es el máximo repartidor de potencias e impotencias en el procedimiento judicial.

Este trabajo para captar el razonamiento del perito o perita no es privativo de la asistencia letrada o del juez. Sin duda, ellos son los primeros obligados y cuya responsabilidad radica en comprender los fundamentos y principios de aquella ciencia, arte u oficio para determinar en qué punto empiezan a manifestarse los heurísticos, y en qué momento son los sesgos cognitivos los que instrumentalizan al profesional forense. Sino que, además, el propio experto, perito o perita, debe no solo entender su trabajo; debe comprenderlo desde el derecho. Es aquí donde radica una parte importante a cerca de la comprensión integrativista del trialismo jurídico que deben poseer estos

55 DACAL (2005), p. 139.