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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en su criterio interpretativo 8/2024, ha confirmado que se debe seguir la jurisprudencia del Tribunal Supremo y modificar el criterio previamente aplicado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 30. En consecuencia, cuando un pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez fallece y su pensión incluye un recargo por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo, dicho recargo se transfiere iuris et de iure a las prestaciones por muerte y supervivencia.

Este cambio de criterio implica que no es necesario demostrar que el fallecimiento fue debido a la contingencia profesional que determinó la inca-pacidad para aplicar el recargo sobre la prestación de muerte y supervivencia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la interpreta ción de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social establecen que la falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo incide de manera determinante en el menoscabo funcional padecido y, por tanto, en el origen de la prestación.

La aplicación automática de este recargo refuerza la protección de los derechos de los beneficiarios de las prestaciones de muerte y supervivencia y subraya la importancia de cumplir con las medidas de seguridad y salud en el trabajo para evitar sanciones económicas adicionales a las empresas 31.

Asimismo, la persistencia del recargo en un contexto normativo mar-cado por la progresiva objetivación de la responsabilidad empresarial y por el fortalecimiento del sistema preventivo invita a reflexionar sobre su vigencia y necesidad. La evolución del derecho de la Seguridad Social y

30 Esta interpretación se aparta del criterio 44/2003-04 para poder aplicar el recargo previsto en el art. 164.1 del TRLGSS sobre las prestaciones de muerte y supervivencia respecto del fallecimiento de un pensionista de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Según el mencionado criterio era preciso la comprobación real y no presunta de que la causa del fallecimiento era debida a la misma contingencia profesional que determinó la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez, aún cuando se produjera de manera diferida en el tiempo del evento que originó las lesiones merecedoras de la calificación de incapacidad.

31 LÓPEZ (2018); MARTÍN (2025); POQUET (2021); POSADA (2023); TRILLO (2025).