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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

La infracción del deber contractual de salud y seguridad como fundamento de la responsabilidad del empresario por hecho propio

el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, iniciado el proceso bajo la égida del criterio en cuya virtud la jurisdicción competente era la civil, se debe mantener dicha jurisdicción y evitar infaustos peregrinajes. No se puede negar la legitimidad del orden civil para conocer de un asunto que se inicia con la cobertura que le proporcionaba una reiterada doctrina jurisprudencial. Lo contrario —dice la sentencia— contradice la esencia misma del derecho a la tutela judicial efectiva, pues contrario a esa tutela es que, a partir de una interpretación posterior de la normativa, y después de que hayan pasado más de diez años desde que se interpuso la demanda, se inadmite a trámite en la jurisdicción en la que había sido planteada, pasando absolutamente por alto que ese mismo Tribunal, en ocasiones y precisamente tras ponderar las circunstancias del caso, acuñó la doctrina del peregrinaje, enraizando principios procesales con los constitucionalmente protegidos —la tutela judicial efectiva sin indefensión y la evitación de dilaciones indebidas—.

4. PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE RECIBE EL TRABAJADOR VÍCTIMA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO

4.1. Prestaciones por accidente de trabajo de carácter laboral

La génesis de la polémica jurisprudencial para determinar la idoneidad de la jurisdicción civil o laboral en la sustanciación del procedimiento tuvo su origen en la posible insuficiencia de la normativa laboral para hacer frente por sí sola a la reparación íntegra del daño causado. De hecho, las víctimas preferían la sustanciación civil del proceso ya que, a la indemnización recibida por esta vía por responsabilidad extracontractual, no tenían que descontar las cantidades que el trabajador demandante había percibido como consecuencia de la labor tuitiva y garante de la Seguridad Social.

No obstante, al determinarse la competencia de la jurisdicción social para conocer de estos asuntos, primero por vía jurisprudencial, refrendado posteriormente por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Ju-risdicción Social, cabe cuestionarse si en esta vía se alcanza la reparación