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Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El arma de fuego (real y adaptable) como objeto de la acción en los delitos posesorios de la Ley N°17.798 sobre control de armas

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que imponen la necesidad al intérprete de recurrir a definiciones y conteni-dos fijados en reglas administrativas de diversa índole y jerarquía, a fin de precisar o completar uno o más elementos normativos del tipo objetivo 10.

En este contexto, el legislador usa –y abusa– de remisiones normativas, generando un profuso régimen extrapenal complementario dado principalmen-te por la regulación del Reglamento Complementario de la LCA (en adelante RLCA) y por las Resoluciones Exentas (en adelante RE) que lo concretizan y que son dictadas por la Dirección General de Movilización Nacional (en adelante DGMN). Así, la LCA presenta numerosos reenvíos normativos, internos o externos (por ej., hacia RE), dinámicos (hacia normativa inde-terminada), tácitos y concluyentes, además de emplear el (frecuentemente) caótico método de remisiones en cadena, desde primer, segundo y hasta tercer grado 11 (de la LCA hacia el RLCA, y desde este hacia dos o más RE).

A fin de dilucidar este problema en las hipótesis selectivamente escogidas únicamente por su particular conflictividad práctica en el último decenio 12, la investigación adopta una metodología dogmático-penal apoyada exclusi-vamente en las dimensiones gramaticales, semánticas y lógico-sistemáticas

10 Sobre la accesoriedad administrativa en nuestro medio, véase: CABRERA (2024), pp. 70 y ss.; BASCUR (2024a), pp. 68-73; OSSANDÓN (2024), pp. 42 y ss.; OSSANDÓN y ENTE-ICHE (2026), pp. 122 y ss.; MATUS Y RAMÍREZ (2025), pp. 214-215; ROJAS (2013), pp. 93 y ss. y VAN WEEZEL (2023), pp. 93-94. En el panorama comparado, por todos: FUENTES (2012), pp. 707 y ss.

11 Por todos, OSSANDÓN (2009), pp. 172-181.

12 Esta afirmación se basa en la valiosa información actualizada y suministrada por los siguientes profesionales del Ministerio Público: los Fiscales Adjuntos de la Región de Los Lagos, Ana María Díaz (Fiscal Jefe de Río Negro), María Angélica de Miguel Jara (Fiscal Jefe de Osorno), Nathalie Yonsson Ampuero (Fiscal Jefe de Hualaihué y Fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos), Mg. Andreas Kusch Frez (Puerto Varas), Mg. Fabián Fernández Gatica (Fiscal Jefe de Quellón), Mg. Joaquín Yáñez Arriagada (Puerto Montt), Rodrigo Oyarzún Martel (Fiscal Jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigati-vos) y Jorge Munzenmayer Cristi (Osorno); así como de los Abogados Asistentes de la misma región, Pilar Werner Sánchez (Ancud), David Parrini Leal (Castro) y Mg. Marco Antimilla Nahuelpán (Puerto Varas); la Abogada Asesora de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Mg. Natalia Cumming Vega; y el Abogado Asesor de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, Mg. Samuel Malamud Herrera. La falta de referencias jurisprudenciales se explica en que precisamente la configuración del objeto de la acción impide el desarrollo de