313

Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El proceso de descodificación del derecho civil chileno: Un estudio del régimen de responsabilidad civil médica a la luz de la Ley N°20.584

en el contexto de un contrato celebrado entre el paciente y el profesional de la salud 76, lo cual determinará las normas supletorias a aplicar en supuestos de vacíos o lagunas legales.

En cuanto contrato, se ha dicho que se trata de uno de prestación de servicios 77, en el que el servicio que se otorga es de índole médica y genera una obligación de hacer a cargo del médico, relativa a “determinar la na-turaleza de la dolencia o enfermedad que aqueja al paciente (diagnóstico); y a desarrollar el conjunto de actos necesarios para aliviar o curarlo de su dolencia (tratamiento)”78. La complejidad de esa calificación se reconduce al problema inicial identificado, esto es, que los contratos de prestación de servicios son atípicos 79, es decir, no existe una regulación sistemática a su respecto.

Tras haber despejado la naturaleza de la responsabilidad que puede surgir en estos casos, y haber señalado que su tratamiento normativo no está sistematizado, es menester traer a colación las leyes que se han dictado con ocasión de este tipo de responsabilidad o que le resultan aplicables en determinados casos.

En primer lugar, en el ámbito de los servicios de salud, debe considerarse la Ley N°19.966 de 2004 80, conocida como Ley Auge o Plan GES, cuyo articulado conforma un régimen especial para la indemnización de daños ocasionados por la falta de servicio de los órganos públicos de salud 81. Así, su artículo 38 establece que “[l]os órganos de la Administración del Estado en materia sanitaria serán responsables de los daños que causen a particu-

76 AEDO (2023), p. 741. Pizarro entiende que los casos de responsabilidad extracontractual en el ámbito civil médico se reducen a los daños demandados por las víctimas por repercusión y los casos de responsabilidad de los órganos de la Administración del Estado. PIZARRO (2017), p. 13.

77 PIZARRO (2014), p. 828; PIZARRO (2017), p. 22.

78 BRANTT (2008), p. 509.

79 BRANTT (2018), pp. 24-25.

80 Ley N°19.966, de 2004.

81 PIZARRO (2017), p. 826.