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María Soledad de la Fuente Núñez de Castro

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

En este sentido, el último pronunciamiento del Tribunal Supremo re-ferenciado estipula la inoportunidad de aplicar la doctrina contenida en la de 15 de enero de 2008 respecto de procesos iniciados al amparo de una normativa orgánica, sustantiva y procesal interpretada de forma distinta en el momento en que está conociendo del asunto el tribunal que debe decidir sobre la competencia del orden jurisdiccional, civil o laboral. Las razones emanadas por la sentencia de 2008

no constituyen motivo suficiente para considerar que la competencia juris-diccional sobre la pretensión ejercitada corresponde al orden social y negar la legitimidad del orden jurisdiccional civil para conocer de un asunto que se inicia con la cobertura que le proporcionaba una reiterada jurisprudencia al respecto, siendo además la solución de apreciar de oficio la falta de juris-dicción contraria a la esencia misma del derecho a la tutela judicial efectiva, pues no se compadece con esa tutela que, a partir de una interpretación posterior de la normativa 16.

BLASCO GASCÓ 17 considera el criterio asentado por la Sala Primera para determinar la eficacia temporal de sus cambios de criterio perfectamente adecuado y respetuoso tanto con el principio de seguridad jurídica como con

16 “Sin duda la jurisdicción es un presupuesto procesal absoluto para el válido desarrollo de la relación jurídico procesal y como tal de obligada observancia por su naturaleza de orden público, por lo que su control en modo alguno puede negarse al Tribunal superior que tiene la competencia para conocer y resolver los recursos ante que el mismo se interponga -STC 113/1990, de 18 de junio, Fundamento Jurídico 2- cuando consta claramente la falta de la mis-ma. Sin embargo, la aceptación de las anteriores conclusiones, no es suficiente para considerar que la competencia jurisdiccional sobre la pretensión ejercitada en este proceso corresponde al orden social y negar la legitimidad del orden jurisdiccional civil para conocer de un asunto que se inicia con la cobertura que le proporcionaba una reiterada jurisprudencia al respecto. Lo contrario contradice la misma esencia del derecho a la tutela judicial efectiva, pues contrario a esta tutela es que a partir de una interpretación posterior de la normativa, y después de que han pasado más de diez años desde que se interpuso la demanda, se inadmita a trámite en la jurisdicción que en la que había sido planeada, pasando absolutamente por alto que este mismo Tribunal, en ocasiones y, precisamente tras ponderar las circunstancias del caso, acuñ ó la doc-trina del peregrinaje enraizando principios procesales con los constitucionalmente protegidos -la tutela judicial efectiva sin indefensión y la evitación de las dilaciones indebidas- (STS de 11 de septiembre de 2009 a partir de entonces es una constante en nuestra jurisprudencia. En este sentido vid. STS de 9 de marzo de 2010, ECLI:ES:TS:2010:1709).

17 BLASCO (2010), p. 837.