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Francisco Cabello Vargas

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

perjuicio de que el bien ha sido adquirido y pertenece al patrimonio propio de uno de los cónyuges o excónyuges, se presume, empero, que ha sido adquirido con bienes o fondos sociales 67, por lo que, en principio, nace la correspondiente recompensa a favor de la sociedad ya disuelta que deberá repartirse de acuerdo con la masa líquida activa 68.

Por efecto de la presunción, tanto el otro cónyuge como sus herederos se sitúan en una mejor posición respecto de la actividad indagatoria, pues no tienen la carga probatoria en orden a demostrar tal fuente, pues se hizo –presuntivamente– con recursos de la comunidad, salvo que se pruebe lo contrario. Por esta razón, el cónyuge o excónyuge adquirente –o sus suce-sores– serán los principales interesados en desvirtuar esta presunción para evitar la respectiva recompensa 69.

De esta guisa, dicha presunción actúa como un incentivo ex ante para que el cónyuge o excónyuge adquirente o sus herederos provoquen la etapa liquidatoria del régimen ya disuelto, con el propósito de lograr la fijación y radicación definitiva de su activo individual o masa transmisible y así evitar el hecho presumido. Esto garantiza que sendos patrimonios contengan el activo definitivo y asuman la responsabilidad de las deudas propias o transmisibles a sus herederos sin ulteriores recompensas, preservando la integridad de los gananciales como de la masa hereditaria partible y evitando posibles abusos de un cónyuge respecto del otro 70.

67 TURNER (2024), pp. 171-172.

68 En el CCCN., el art. 1271 establece una presunción simplemente legal de ganancialidad respecto de todos los bienes existentes durante la extinción de la comunidad. Por consiguiente, la carga de la prueba cuyo objeto es desvirtuar dicha presunción pesa, principalmente, respecto del cónyuge que alega titularidad exclusiva del bien, de sus herederos y acreedores personales. Todos estos interesados tendrán el onus probandi en orden a demostrar la naturaleza respectiva del bien. Con relación a este último punto, rige también la limitación de la prueba confesional de los cónyuges respecto de terceros cuya finalidad es evitar confabulaciones de los cónyu-ges en detrimento de los terceros. Del mismo modo que el derecho chileno, el argentino no contempla la figura que admite la atribución convencional de ganancialidad, a diferencia del derecho español, que reconoce gran valor a la libertad de contratación entre los cónyuges. Cfr.: ARRIANA (2019), pp. 180-181.

69 RODRÍGUEZ (2003), p. 72 y COURT (2009), p. 184.

70 RODRÍGUEZ (2003), pp. 72-73.