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Mindra Pino Sotomayor

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

lares por falta de servicio”. Con todo, como se anticipó, esta normativa es únicamente aplicable a los servicios públicos, descartándose, en consecuen-cia, los supuestos de daños ocasionados por privados, que, como se señaló, comprenden la gran mayoría de los casos de responsabilidad médica.

En segundo lugar, cobra especial relevancia la Ley N°20.584 de 2012 82, que regula los derechos y deberes de los pacientes. En las propias palabras de Pizarro, esta ley “ratifica que en el Código Civil no hay una regulación comprensiva de los derechos de los pacientes en forma sistemática y adecuada a la concepción actual de la persona”83. Esta normativa llama la atención en tanto reconoce de antemano una desigualdad formal en la relación médi-co-paciente y, en función de ello, introduce deberes y obligaciones exclusivos de cargo del primero. Asimismo, incorpora el denominado consentimiento informado. Ambas instituciones serán abordadas con mayor profundidad en la siguiente sección. Por ahora, basta con señalar que desde la dictación de la Ley N°20.584 84 se ha enriquecido la regulación de la responsabilidad civil médica, al punto de ser gravitante la interrogante si ello ha producido una descodificación en el ámbito del derecho privado.

En tercer lugar, también resulta aplicable a esta relación médico-paciente la Ley N°19.496 de 1997 85-86, en función de lo dispuesto en su artículo 2 letra f). Esta norma señala que quedarán sujetos a dicha ley

los actos celebrados o ejecutados con ocasión de la contratación de servicios en el ámbito de la salud, con exclusión de las prestaciones de salud; de las materias relativas a la calidad de éstas y su financiamiento a través de fon-

82 Ley N°20.584, de 2012.

83 PIZARRO (2017), p. 827.

84 Ley N°20.584, de 2012.

85 Ley N°19.496, de 1997.

86 PIZARRO (2017), p. 826.